En un hecho sin precedentes en Venezuela, Maduro acudió a rendir cuentas de su gestión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), seis días después de que la Asamblea Nacional lo declaró en "abandono del cargo", acusándolo de incumplir deberes y provocar la grave crisis que sufren los venezolanos.
"Eso es un acto bochornoso, una irresponsabilidad. Habrá justicia frente a tanto desacato y tanta conspiración", manifestó Maduro en su discurso, al referirse a la decisión parlamentaria, a la cual calificó de ser un "manifiesto golpista".
En la sede legislativa, el presidente del Parlamento, Julio Borges, declaró a la prensa que no presentar el informe ante la Asamblea ratifica que Maduro "está fuera de la Constitución".
Acusada por la oposición de servir al gobierno, la justicia autorizó a Maduro a no presentarse ante un Legislativo al que declaró hace cinco meses en "desacato" por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.
Aunque la oposición arrasó en las legislativas de diciembre de 2015, el Parlamento está prácticamente desactivado. El TSJ ha emitido una treintena de sentencias desestimando o anulando sus actuaciones, incluidas leyes y declaraciones como la del "abandono de cargo".
Radicalización económica
Maduro, quien el 10 de enero cumplió cuatro de sus seis años de mandato, aseguró que el año pasado fue "el más largo y el más duro" para su gobierno, y anunció que para continuar "cabalgando la crisis" entrará en vigor el lunes el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó todo 2016.
El país con las mayores reservas de petróleo del mundo vivió en 2016 penurias con una inflación galopante -según el FMI de 475%- y una severa escasez de alimentos y medicinas, que hicieron habituales las filas en los supermercados y provocaron incluso saqueos y protestas.
Según encuestas privadas, ocho de cada 10 venezolanos rechaza la gestión de Maduro durante la crisis, que el mandatario atribuyó al desplome de los precios del petróleo.
El presidente precisó que en 2008 Venezuela recibió 48.325 millones de dólares por la exportación del crudo, y en 2016 apenas 5.291 millones. "El modelo rentista se ha vuelto inviable", sentenció.
Maduro prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad. "Hay que cortar cabezas" en las empresas donde hay corrupción e ineficiencia, sentenció.
El gobierno empezará el 20 de enero una entrega masiva del llamado "carné de la Patria", necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.
Pero los augurios económicos de analistas u organismos internacionales no son esperanzadores. El FMI proyecta en 1.660% la inflación para 2017.
"Habrá continuidad de la política de intervenir en la economía, más regulaciones, inspecciones a empresas, control de precios y del tipo de cambio: más inflación y contracción económica", comentó a la AFP el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit Country Risk (Londres).
Radicalización política
Maduro empezó el año con paso fuerte. Preparándose para una nueva etapa de confrontación, nombró vicepresidente a Tareck El Aissami, un "chavista radical" -como se autoproclama- a quien puso al frente de un "comando" contra supuestos planes "golpistas" de la oposición.
Siete opositores, entre ellos un diputado suplente, fueron encarcelados la semana pasada por el "comando antigolpe". Según la MUD hay un centenar de "presos políticos" en el país.
La oposición acusa a Maduro de instaurar una "dictadura", luego de que el poder electoral suspendiera en octubre un referendo revocatorio contra el presidente.
En diciembre, la MUD congeló un diálogo que había comenzado con el gobierno bajo auspicio del Vaticano. Ambos bandos se acusan de incumplir la palabra empeñada al papa Francisco.
"Estamos preparados para cumplir con mi palabra empeñada, en 2017: consolidar el diálogo político con factores contrarrevolucionarios", ratificó este domingo Maduro.
Dividida en torno al diálogo y a la estrategia para sacar a Maduro del poder, la oposición convocó a una marcha el 23 de enero para presionar por un adelanto de las elecciones generales, previstas para fines de 2018.
No obstante, el gobierno lo descarta de plano e insiste en que este año sólo están programados los comicios para gobernadores y alcaldes.
Maduro está fortalecido con la Fuerza Armada, que le ha manifestado su "lealtad absoluta", según analistas, y con el control de los poderes públicos, todos excepto el parlamento.
(AFP)
