Fabrizio Scrollini

¿Custodios sin filtro?

En la pasada edición del 17 de febrero el programa No toquen Nada emitió una entrevista en profundidad al presidente de la JUTEP (Junta Anticorrupción) Ricardo Gil. Ricardo Gil fue elocuente acerca de los límites que tiene este organismo- encargado de la lucha contra la corrupción- en aspectos operativos. Lamentablemente, Gil fue menos elocuente en referencia a la publicidad de las declaraciones juradas de los políticos, un reclamo actual de la sociedad civil en Uruguay. Sin declaraciones juradas abiertas, será bien difícil dar una lucha seria contra la corrupción. En la nota Gil añade que la confirmación en el puesto, y las de sus colegas, demoró 5 meses, indicando que tal vez, no era de importancia del sistema político. La Jutep estuvo casi paralizada en ese tiempo. Y que a su vez, ningún miembro de la Cámara de Representantes o el Senado, se le acercó para conocer sus planes. Lo cual lleva a una pregunta obvia: ¿Qué rol debe jugar el Poder Legislativo a la hora de designar a quienes controlan al poder?

Actualizado: 23 de Febrero de 2017 | Por: Fabrizio Scrollini

La respuesta no es fácil. Quienes deben custodiar al poder, ocupan un rol especial. Se espera de ellos que puedan actuar en situaciones que no son para nada cómodas. Existen dos aspectos claves para que estas instituciones funcionen su independencia y su efectividad. Si las instituciones no los tienen es difícil que cumplan con su misión. Para asegurar la independencia, quien designa a las autoridades, debería realizar ”filtros” apropiados. En Uruguay estos filtros se llaman en algunos casos venias y en otras designaciones. Quien filtra en general es el Poder Legislativo. Los filtros incluyen un estudio detallado de la capacidad, trayectoria, y el análisis de las intenciones de quienes van a ocupar esos cargos. Nada de esto pasó  (al menos públicamente)  en el caso de la JUTEP, como indica su presidente. Nada de esto pasa por ejemplo en las designaciones de quienes hoy se encargan de determinar si la información pública lo es o no, porque no existe tal mandato legal. Y nada de esto ha pasado aún, en el proceso de designación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Naturalmente, no todas estas instituciones son equivalentes, pero todas presuponen un grado de independencia, y deberían involucrar más al Parlamento. Si las nominaciones se demoran, los recursos para funcionar no aparecen, entre otras prácticas, es para sospechar que algunos actores están tratando de minar tanto la independencia como la capacidad de los organismos de control.

El caso de la Suprema Corte es interesante. Por un lado el Poder Judicial en Uruguay es percibido como independiente. Por otro, para llegar a la máxima magistratura, no son claros los criterios (más allá de los formales que establece la constitución) de cómo se designan estos cargos. No existen entrevistas abiertas para saber lo que los potenciales aspirantes pretenden hacer. No se publicita la trayectoria de quienes están en consideración. Esto ha motivado a más de 130 organizaciones de la sociedad civil a pedir un cambio en esta práctica, en el entendido de que estos roles son claves para la salud de un sistema democrático. Es bastante irónico que le tengamos tanta fe a un Poder que no sabemos cómo exactamente se nombra, más allá de una suerte de “humo blanco’ que emerge entre las bancadas.

El Poder Legislativo debería tomar nota de la necesidad de que sus respectivas comisiones desarrollen criterios para evaluar a futuras candidaturas en todas sus designaciones. También debería establecer protocolos para incorporar las voces de la ciudadanía. Celebrar “acuerdos políticos” como un gran triunfo de la democracia y de los partidos, puede ser vacío y peligroso. Sobre todo, cuando haya que llamar a los custodios para limitar al poder. El caso de la Corte, puede ser un buen comienzo para procesos más transparente y procesos que trasciendan la retórica crecientemente vacía del consenso.

Escuche la entrevista con Ricardo Gil en No toquen nada.

 

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