Junasa solicitó datos de comisiones que se pagaron por conseguir usuarios

Las 43 instituciones del Sistema Nacional Integrado del Salud deberán entregarle a la Junta Nacional de Salud (Junasa) los datos sobre captación de usuarios.

Actualizado: 17 de Marzo de 2017 | Por: Emiliano Zecca

Junasa solicitó datos de comisiones que se pagaron por conseguir usuarios

Círculo Católico (Adhoc ©Javier Calvelo)

La investigación sigue y la justicia lleva 11 procesados relacionados con la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Tres son funcionarios del Círculo Católico y el delito que se les imputó es la intermediación lucrativa. Esto implica pagarle a usuarios para que se afilien a una institución.

Ahora, la Junasa le solicitó información a los prestadores en referencia a la captación de usuarios y las instituciones tienen 10 días hábiles para responder al pedido.

Según la solicitud de la que supo 180, la Junasa le pidió a las instituciones que informen lo que pagaron a sus funcionarios por concepto de comisiones por la captación de usuarios desde octubre de 2016 hasta el final del periodo de Movilidad Regulada en febrero de 2017.

La información tiene que ser mensual, con los datos de la persona que va a cobrar o cobrará las comisiones. Algo importante es que en la solicitud se aclara que deberán decir cómo se calculan esas comisiones y se explica que deben estar acompañados de un listado de la cantidad de nuevos usuarios que se captaron, con las cédulas de identidad y otros datos como el domicilio.

Publicidad, intermediación lucrativa y controles

Luego de los procesamientos, algunas mutualistas dieron una conferencia de prensa en la que reconocieron que tienen servicios destinados a conseguir usuarios a los que le llaman “fuerza de venta” y quienes lo realizan reciben dinero por cada afiliado nuevo, es decir, se les paga comisiones.

Esto no es una novedad para el MSP. En su visita a la comisión de Salud en el Parlamento, el ministro Jorge Basso recordó que 2016 denunciaron irregularidades vinculadas a afiliaciones que terminaron con tres personas procesadas.

“Este año hicimos un llamado a no realizar gastos excesivos en publicidad por parte de las instituciones de salud porque tanto en la intermediación lucrativa, como en los gastos de publicidad y eventualmente en otras irregularidades, se utilizan recursos del Fondo Nacional de Salud. Por tanto, no parece lógico estimular esa práctica. Nosotros hemos hecho una estimación de dos meses –la de febrero todavía no la tenemos– y estamos hablando de que, entre diciembre y enero, las instituciones han gastado 4.500.000 de dólares en publicidad. Este dato ha sido recabado por una empresa contratada que hace mediciones en todos los medios, no lo hicimos nosotros artesanalmente. En realidad, el dinero destinado a publicidad, lo pagamos todos; es dinero que va al Fonasa y se destina a fines que no son estrictamente asistenciales”, dijo Basso.

El ministro también recordó que como medida de carácter preventivo se le solicitó a cada institución un listado de los contratos que tenían con empresas que hacen promociones, dando a entender que para el ministerio no es una sorpresa lo que sucedió. “Nosotros pedimos esos contratos para tenerlos a la vista porque, de alguna forma, es bueno prevenir distintos escenarios que ya en enero presumíamos que se podían dar”, sostuvo.

El presidente de la Junasa, Arturo Echavarría, también participó de la comisión y dijo que los contratos entre la fuerza de venta y las instituciones tienen una cláusula donde se explicita que la intermediación lucrativa es ilegal y que “entera responsabilidad” de quienes brindan el servicio de captación de usuarios el “conocer la ley y hacer lo que corresponde”.

“Es decir que cuando se hacen los contratos las instituciones se cubren para que la persona que está trabajando en la calle no le entregue dinero a quien consigue como nuevo afiliado. Si la institución conoce que esa fuerza de venta termina entregando dinero o no, es algo que no hemos podido comprobar y, por lo tanto, lo dejamos en manos de la Justicia, diciendo que parece claro que al establecer ese tipo de contratos va a propiciar que haya en el medio una persona que cometa una ilegalidad, aunque el contrato por sí mismo no es ilegal”, expresó.

La directora del Banco de Previsión Social, Rosario Oiz, también dijo que, al igual que el MSP, se prepararon para este corralito mutual y en los meses anteriores a la apertura se planificaron una serie de investigaciones por parte de la Gerencia de Prestaciones Económicas con la finalidad de conocer el uso del sistema informático por parte de los prestadores de salud.

“En ese período se comprobó que algunos prestadores de salud hacían un uso indebido de la aplicación de consulta que poseen, por lo cual fueron citados y se les informó que se aplicarían controles en los procesos”, dijo Oiz.

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