“Se generó una alarma tremenda y la montaña parió un ratón, como se dice vulgarmente. De 600 usuarios a 31.000 y 30.000 dólares a cinco millones, ustedes saquen las conclusiones”, afirmó.
La investigación sigue y la justicia lleva 12 procesados: tres son funcionarios del Círculo Católico y el delito que se les imputó es la intermediación lucrativa. Esto implica pagarle a usuarios para que se afilien a una institución.
Vázquez también habló sobre los controles que se deben aplicar a las instituciones de salud.
“Hay que controlar, dar la libertad de acción -por eso vivimos en un país con democracia plena y libertad- pero hay que tratar de evitar que se cometan algunos deslices como estos”, señaló el presidente en su llegada a San Luis, Canelones, donde se realiza el Consejo de Ministros abierto este lunes.
A raíz de esta estafa al Fonasa, la Junta Nacional de la Salud (Junasa) le solicitó a las 43 instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud datos sobre captación de usuarios.
Los prestadores tienen 10 días hábiles para responder al pedido. Según la solicitud, a la que tuvo acceso el portal 180, la Junasa le pidió a las instituciones que informen lo que pagaron a sus funcionarios por concepto de comisiones por la captación de usuarios desde octubre de 2016 hasta el final del corralito de febrero 2017.
La información tiene que ser mensual, con los datos de la persona que va a cobrar o cobrará las comisiones. Algo importante es que en la solicitud se aclara que deberán decir cómo se calculan esas comisiones y se explica que deben estar acompañados de un listado de la cantidad de nuevos usuarios que se captaron, con las cédulas de identidad y otros datos como el domicilio.
Luego de los procesamientos, algunas mutualistas dieron una conferencia de prensa en la que reconocieron que tienen servicios destinados a conseguir usuarios a los que le llaman “fuerza de venta” y quienes lo realizan reciben dinero por cada afiliado nuevo, es decir, se les paga comisiones.
