En el proyecto de ley de inclusión financiera que discute el Parlamento se plantean aranceles del 0,5% para compras con tarjetas de débito y de 1,5% para las realizadas con débito.
Hoy en día, esos impuestos se encuentran en 4,5% para compras al contado con crédito y 4,9% en cuotas, mientras que para compras con débito es de 2,2% y de 2% para comercios más chicos.
Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), dijo en No toquen nada que estos valores no son caprichosos y que representan el gasto que tiene un empresario en manejar el dinero y los valores. “Entendemos que la tarjeta se hace responsable del crédito. En asesorías y cuando levantás información en el ámbito internacional, el 1,5% es lo que se aconseja porque es lo que necesitan las empresas administradoras de este tipo para tener su rentabilidad”, comentó.
Agregó que la cifra que plantea el gobierno de 1,5% de arancel para compras con débito no se condice con lo que se paga en el resto de los países de Sudamérica ni con la media en Europa, que es de 0,25%.
En un agregado al proyecto de ley, los empresarios propusieron que en caso que el comerciante acepte el medio de pago por tarjetas de crédito, débito o dinero electrónico “podrá establecer mínimos o trasladar los costos que implica la utilización de dicho medio al pago del precio final”.
Feris reconoció que con esa idea estaban provocando al consumidor para que “se meta en la discusión” y que en caso que se logren las reducciones de aranceles solicitadas no se realizará este traslado de los costos a los usuarios.
“El 0,5% es lo que le cuesta al sector empresarial manejar los dineros dentro de una empresa. No hay que trasladarle más nada al consumidor. No sólo que no tenés riesgo sino que minimizaste tus perdidas, por lo tanto me parece ilógico trasladarlo al sector consumo”, agregó.
Otro de los reclamos del sector empresarial es que el proyecto de ley regule a las tarjetas de crédito, “porque es un medio de pago que sustituye al dinero”, como se da con el funcionamiento de los cheques o el dinero electrónico.
“Aunque el sector empresarial nunca quiere regulaciones, en este casi sí porque el poderío que tiene una tarjeta de crédito hace que te oriente una compra hacia donde quieren. Si te quieren llevar todos los consumidores hacia una gran superficie, te largan un descuento del 20% o 30%. Si hay para un grande, también tiene que haber para un boliche de barrio”, comentó Feris.
