No toquen nada accedió al documento de los interventores, en el que describen una institución caótica, con problemas de todo tipo: financieros, de infraestructura, de recursos humanos y de gestión.
La intervención empezó en octubre de 2016 y fue con desplazamiento de las autoridades. En abril el equipo pidió al MEC una prórroga de seis meses para continuar con el trabajo. Además, pidió ayuda a la Cruz Roja Internacional porque la institución no tenía ni liquidez ni ingresos.
La intervención tiene su origen en la denuncia que presentó un grupo de voluntarios ante el MEC en diciembre de 2015. Allí plantearon que la institución se estaba guiando por estatutos no avalados, que las decisiones eran arbitrarias, que se negaba el acceso a las actas de las asambleas, que hubo un manejo irregular de las donaciones a Dolores tras el tornado y que las elecciones de noviembre de 2015 habían sido irregulares.
La denuncia se trancó y demoró mucho en activarse. En entrevista con No toquen nada en setiembre de 2016, una de las denunciantes Ximena Pardo contó que al comienzo en el MEC esto se vio como un problema interno de dos bandos.
“La asesoría letrada primero se pronunció diciendo que eran rencillas internas, que ellos no tienen ingerencia. Después la Fiscalía leyó el expediente y señaló que había irregularidades de todos los colores”, dijo Pardo.
Después de la denuncia pública el expediente se movilizó con agilidad y en poco tiempo se decidió la intervención. Ahora los interventores comprobaron lo mismo que se denunció. El informe dice que desde el punto de vista legal se detectó que los estatutos no estaban vigentes y que las elecciones fueron irregulares.
Pardo afirmó que en 2015 hubo una asamblea totalmente irregular, que no se mostraron las actas y que se dieron casos en que la gente era tironeada para que fuera a votar.
Según redactaron los interventores, en la Cruz Roja Uruguaya no había un plan de acción, ni ingresos fijos para solventar los gastos ni idea clara de los pasivos ni activos sociales.
Desde el punto de vista contable, se constató ausencia de balances al cierre de ejercicio. No todas las cuentas bancarias estaban a nombre de la institución, había y aún hay algunas a nombre de personas físicas.
Respecto a Dolores, los interventores tuvieron que ejecutar una donación de 600.000 pesos que no había sido ejecutada.
La intervención debe terminar en seis meses, con llamado a elección de nuevas autoridades para que continúen con la institución.
