Wilson Eduardo Coronel da Costa murió a causa de dos disparos de un rapiñero cuando estaba cumpliendo tareas de seguridad en el local.
Vázquez habló ayer en el Consejo de Ministros abierto en Ramón Trigo, pocas horas después del asesinato. En su diálogo con los medios cuestionó la situación del policía en el local y la contratación de sus servicios realizada por la empresa.
El subsecretario del Interior, hermano del presidente Tabaré Vázquez, señaló que la muerte del trabajador era “una noticia lamentable” y que sentían “un profundo dolor” por su fallecimiento.
Añadió que estaban investigando el hecho porque “según la información inicial, él estaría desempeñando una tarea de seguridad que no estaría autorizada por el Ministerio del Interior y no tendría la protección que se recomienda para los funcionarios policiales”.
Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas de la oposición.
El senador colorado Pedro Bordaberry dijo que “parece que de nuevo la culpa es la víctima”. “Es un horror”, afirmó. “Lo primero que tiene que decir el subsecretario del Ministerio del Interior es que le da las condolencias a la familia de la víctima. Que lo siente, que siente lo que está pasando esa familia. Y lo segundo, tiene que ir a buscar al que lo mató, no empezar a investigar al policía que mataron y sugerir que lo mataron porque no estaba presentando las tareas donde tenía que prestarlas”, afirmó.
Para Bordaberry, las declaraciones de Vázquez constituyeron “una barbaridad”. “Es una insensibilidad como pocas veces se ha visto. En otro tiempo, un subsecretario que decía esto se iba para la casa”.
En la misma línea, el senador blanco Luis Lacalle Pou consideró que “hay una familia que ha perdido un integrante, un policía que cayó y que es la defensa última que tienen los ciudadanos. Lo que menos nos tiene que preocupar es la condición en la cual se encontraba. Posteriormente podemos discutir muchas cosas, del salario, de la actividad, del armamento, de la legítima defensa que tienen los que nos protegen, pero no era el momento”, dijo.
Desde Cambadu, el vicepresidente de la organización, Daniel Fernández, justificó la actuación del comerciante en este caso.
“No es legal hace poco tiempo, antes lo eran, eran el 222 famoso que por lo general contrataban todos los comerciantes. Después desapareció y quedó este 223 que no es legal. Pero es la necesidad del comerciantes y los clientes de sentirse seguro. Ante esa duda, ¿qué hago? Contrato un policía que por lo menos impone presencia, está armado, sabe usar un arma. Pasó esa fatalidad que es atroz. No creo que el comerciante sea culpable. El comerciantes estaba ayudando a alguien, sintiéndose seguro él y sus clientes”, afirmó.
