Joel Rosenberg

El 223 y la política de la sangre caliente

La discusión sobre el servicio irregular de 223 que hacen muchos policías se dio en el momento menos apropiado. El gobierno y la oposición intercambiaron gritos en medio del ruido y el dolor, en las horas siguientes al asesinato del policía Wilson Coronel. Esta modalidad no es nueva, así discuten en general sobre la política de seguridad. Es una costumbre instalada.

Actualizado: 21 de Julio de 2017 | Por: Joel Rosenberg

A Coronel lo mataron en una pizzería. Era cabo de la policía y estaba haciendo un trabajo irregular de seguridad privada fuera del horario de servicio. A ese tipo de tarea se le dice en la jerga “un 223” y es ilegal para los policías. No hay dudas en ese punto.

Lo que deja dudas, de todo tipo, son las declaraciones del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez. Nada de lo que dijo Vázquez después del asesinato es falso. Sin embargo, todo lo dijo sin medir los tiempos y los formas, sin la más mínima sensibilidad. Es cierto que Vázquez lo primero que hizo el lunes 10 de julio fue enviar condolencias, pero en el mismo minuto - sin un punto ni una coma-  señaló que se estaba investigando la contratación irregular. El asesinato había ocurrido hacía menos de 12 horas y Vázquez enfocó en la relación irregular entre el empresario y el policía.

Enseguida, el mismo lunes en la tarde, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry usaron las redes sociales y los medios para decirnos a todos que ellos sí estaban dolidos por el policía asesinado, que no son insensibles. Los líderes de la oposición hicieron lo mismo que Vázquez: se metieron en el tema a las apuradas, actuaron con la misma falta de sensibilidad.

Durante todos estos días esa fue la impronta: debatir sobre un problema de difícil solución sin dejar un mínimo espacio para la reflexión.

La conferencia del miércoles 12 de Jorge Vázquez, 48 horas después del asesinato, fue peor aún que su primera declaración.

Lejos de reflexionar Vázquez cargó contra el empresario y dijo que el Ministerio del Interior le hizo una denuncia penal. Es muy dudoso que la contratación irregular sea objeto de una denuncia penal. Incluso para algunos penalistas - según consultas de No Toquen Nada - este no sería un caso para la ley de responsabilidad penal. Pero Vázquez usó al empresario para hacer política y lo señaló. En dos días transformó a un comerciante que contrató seguridad para que no lo roben en un presunto delincuente hambreador.

Una semana después del asesinato, el Partido Nacional recibió a la Unión de sindicatos policiales. A la salida de esa reunión el presidente del directorio blanco, Luis Alberto Heber, pidió “legalizar” de alguna forma la seguridad privada que brindan los policías. Heber dijo en rueda de prensa que hay que analizar el tema, pero inmediatamente opinó y dijo que había que cambiar y legalizar ese trabajo. El análisis le duró unos segundos: ya decidió que hay que cambiar la ley.

Todo lo que quieren resolver en unos días, arriba de un asesinato, rige desde 2011. En ese momento el Ministerio del Interior decidió reducir mucho el servicio 222, que se hace fuera del horario de servicio pero es legal.

Los policías que se quedaron sin 222 optaron por el llamado 223, que es lo mismo - seguridad privada fuera del horario de servicio- pero irregular, sin autorización del Ministerio del Interior.

Los policías dicen que hacen 223 porque no les da el dinero, porque es una forma de complementar el salario. El sindicato único policial señaló que quizá hasta un 40% de los efectivos lo realiza.

Los comerciantes nucleados en Cambadu señalan que no les queda otra porque no hay disponible servicio de 222 y ellos quieren a profesionales.

El Ministerio del Interior dice que el sueldo de los policías creció mucho y que lo ideal es ir hacia el fin del 222. Publicó un informe donde marca un aumento del poder adquisitivo de los policías de 187% desde el 2000. Además, dice que el servicio 223 lo hacen cansados, desprotegidos, sin el amparo que tienen cuando están en funciones. Que es un riesgo para ellos.

Es un tema complejo y difícil. El debate parece crucial en un país con más de 20.000 rapiñas por año. La discusión debería ser seria. Pero no es el caso.

Una sola vez intentaron pensar por fuera de los hechos del momento. Fue en 2016, cuando Tabaré Vázquez convocó a todos los partidos a una comisión de seguridad. En esa comisión surgieron pocas ideas de consenso y todas apuntaron para el mismo lado: más penas, inflación penal. La misma lógica que no da resultados en el país desde 1995.

La comisión terminó igual que empezó, con bandos enfrentados, con búsqueda de culpables.

Y así vamos. Cuando hay tiempo para pensar un poco aumentan penas y cuando hay un asesinato transforman todo en un conventillo.

Es un círculo del que parece no pueden salir. El asesinato de Coronel los llevó de nuevo a este escenario. Y nos volvió a marcar que en este tema, como sociedad, estamos siempre llegando tarde.



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