Vivienda de Interés Social: el “éxito de construir ciudad” o los precios inaccesibles

La ministra de Vivienda sostiene que la ley de Vivienda de Interés Social se hizo para dinamizar la industria pero el ministro anterior y otros actores incluyen más objetivos, que consideran importantes.

Actualizado: 25 de noviembre de 2017 —  Por: Redacción 180

Vivienda de Interés Social: el “éxito de construir ciudad” o los precios inaccesibles

Javier Calvelo/Adhoc (Todos los derechos reservados)

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, dijo que la Ley de Viviendas de Interés Social “es una forma de incentivar la industria de la construcción, nada más que eso”, pero el ministro anterior, actual presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Francisco Beltrame, indicó a No toquen nada que “no está como una ley exclusivamente de beneficios tributarios” y remarcó los cinco objetivos de la norma. El economista Carlos Mendive, ex presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, sostuvo que "había un cometido de repoblar el área céntrica de la ciudad, en la que hace décadas no se invertía" y el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, sostuvo que la ley generó nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo y viviendas volcadas al mercado para alquilar o comprar".

La Ley de Beneficios Tributarios a la Vivienda de Interés Social es la 18.795 de agosto 2011 y declara de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social, abarcando tanto construcción como reforma, para compra o alquiler. Su principal herramienta para motivar la construcción en el marco de esta norma es la exoneración de impuestos para inversores, compradores y arrendatarios.

Beltrame sostuvo que la ley “tiene varios espíritus, se sintetizaron una serie de inquietudes existentes en ese momento determinado: ampliar el stock de viviendas, facilitar el acceso de los sectores bajos, medios bajos y medios, contribuir a la integración social en áreas con infraestructura y servicios, mejorar las condiciones de financiamiento y garantía para su adquisición, así como fomentar la innovación tecnológica en materia edilicia”.

Sobre el funcionamiento de la ley, Beltrame resaltó que “en el comienzo la oferta era muy variada pero se fue reduciendo el espectro de gente que podía atender y fue dejando algunos sectores fuera de esta ecuación”, aunque “desde el punta de vista urbano, del desarrollo de otros instrumentos que prevé la ley, funciona bien”.

Además, puntualizó que los recursos de los privados ayudaron el acceso a la vivienda de un sector que el Estado no tuvo que apoyar: “Lo que se buscaba es que se usaran recursos de una parte de la sociedad para atender a otra parte de la población que no necesitaba apoyo del ministerio para acceder a la vivienda”.

El presidente de la Cámara de la Construcción, IgnacioOtegui, sostuvo en No toquen nada que “hay un cambio sustancial a partir de que el Frente Amplio llega al gobierno y una de las cosas importantes hechas fue la ley de Vivienda Social, una ley que tuvo apoyo de todos los partidos, de los privados que estuvimos de distinta forma pero apoyamos esa idea y hay un después de eso: empieza una etapa de producción nueva. Después aparecen las críticas sobre si era para eso o no, si el privado está ganando mucho o no, pero la ley generó nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo, viviendas volcadas al mercado para alquilar o comprar”.

Por su parte, Fabián Kopel, arquitecto y director del estudio Kopel-Sánchez, dijo a No toquen nada que “a veces escuchaba discusiones desde el gobierno, que parecía no sentirse orgulloso de la ley, y si yo hubiera sido quien estuviera a cargo de promover esa ley en aquel momento, me sentiría muy orgulloso porque esta ley sostuvo la construcción durante un periodo que hubiera sido muy difícil de sostenerla. Esta ley permitió mantener empleo, sostuvo a las empresas construyendo y haciendo ciudad. Esta es una ley que solamente tiene cinco años”. En la misma línea, el economista Carlos Mendive, ex presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, dijo en No toquen nada que "en Montevideo hay un cometido claro de política urbana, porque la política habitacional tiene que construir ciudad. La visión a largo plazo del Estado tiene que ayudar a que la ciudad tenga ese proceso expansivo. Había un cometido de repoblar el área céntrica de la ciudad, en la que hace décadas no se invertía".

A octubre cerrado se llevaban un total de 549 proyectos promovidos que corresponden a 15.193 viviendas, de las cuales 6.702 están terminadas.

Alquiler sí, alquiler no

La ministra De León discutió que el arrendamiento sea un fin de su ministerio: "Se vuelve un poco aquel lugar donde un inversor invierte y alquila para tener un ingreso, cosa que es viable, no es un delito pero no es lo que busca nuestro ministerio para que nuestra población acceda a un techo de forma más o menos firme. Creo que hay un cambio en el hecho de que hay muchos de los jóvenes que tenían problemas para acceder que están buscando la posibilidad de alquilar como primera medida para conseguir un techo. Allí nosotros apoyamos todas estas situaciones".

Sin embargo, Mendive resaltó que “la ley quiso promover la inversión en arrendamiento. Quien invierte en estas viviendas se exonera 10 años de Impuesto a la Renta y de Impuesto al Patrimonio. Pero fundamentalmente incentivar la inversión para arrendamiento porque en la medida que hay stock nuevo hay un impacto sobre el mercado de vivienda usado".

Kopel agregó que “era una forma para que el valor descienda o se mantuviera en un precio de competencia. La ley quiere que ahorristas o inversores compren para alquilar y que se vuelquen al mercado. Una forma de acceder a la vivienda es alquilando, porque hay gente que no quiere comprometerse con una compra”.

Sobre los cambios recientes en la Ley de Vivienda de Interés Social, Beltrame sostuvo que “cuando en 2014 se hicieron algunos cambios hubo una visión de que se acababa el mundo, estas decisiones hay que tomarlas a tiempo y tendiendo en cuenta la perspectiva”, mientras que Kopel dijo que “estas unidades son, de alguna forma, un subsidio que lo paga el inversor. Entendemos que las políticas necesitan llegar a cierta parte de la población pero también lo entendemos un poco apresurado. Hubo dos cambios a la ley en cinco años y eso a veces perjudica el funcionamiento de las inversiones”.

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