Pablo Ferreira alcanzó 13 días de huelga de hambre porque junto a su pareja Luiggina D'Agosto consideran que su despido fue injustificado. Al volver de seis meses de licencia maternal fue cesada con el argumento de la "‘reestructura’ pero la cantidad de cargos crece y no se ve la reestructura de la que hablaron”, dijo D'Agosto a 180.
Aunque la ley no impide de manera directa el despido de una mujer durante el periodo de lactancia, la acción contraviene las disposiciones nacionales e internacionales sobre la discriminación como razón de despido.
En noviembre de 2017, el presidente de Alur y vicepresidente de ANCAP, Juan Carlos Herrera, compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo y de la Cámara de Diputados y sostuvo que “el despido constituye una potestad del empleador, siendo su única sanción el pago de la indemnización correspondiente, que, en los casos como el de la doctora D’Agosto, se ve incrementado por la indemnización especial”.
La pareja sostuvo que se asesoró ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y que Alur “no depositó toda la indemnización especial”. Sin embargo, la lucha no fue en reclamo por esa diferencia. D’Agosto expilcó que no usó el dinero que le pagaron porque quiere recuperar su fuente laboral.
Ahora Ferreira cortó su huelga porque "se arma una mesa de negocaición con Alur para buscar una solución al problema", según dijo a 180 Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT.
Se trató del tercer campamento en un año en Plaza Independencia, que se suma al de la familia siria que acampó en mayo y al del sindicato de empleados del gas, que también incluyó huelga de hambre.
La familia de más de 10 personas llegó desde Libano en octubre de 2014, como parte del plan del gobierno uruguayo pero casi tres años después viajó desde Salto hasta Montevideo para pedir por la posibilidad de irse del país. Las razones respondían a desempleo y problemas económicos pero luego de casi 90 días accedieron a regresar a su casa en Salto.
El secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Nelson Villarreal, dijo a No toquen nada que “son familias que tienen la estructura de códigos patriarcal muy fuerte y por tanto son los varones los que se ven más descolocados. Más que las mujeres, increíblemente". Además, explicó que "más allá de las protestas, el panorama general es de inserción en curso, aunque no libre de problemas. En el momento de mayor conflictividad del proceso, solo dos familias decidieron instalarse en la Plaza Independencia para reclamar otro destino. Las otras tres familias están insertas".
Los trabajadores del gas tomaron la medida de huelga de hambre el 1 de diciembre de 2017, a raíz del conflicto entre Petrobras y el Estado. En esa ocasión, la empresa multinacional promovió una reestructura que incluyó cambios en las condiciones de trabajo y tercerizaciones de algunos servicios, lo que provocó el rechazo del sindicato.
A raíz de un posible jucio de Petrobras al Estado, los trabajadores dijeron a No toquen nada que la empresa “estaría recibiendo un montón de dinero a costa de los uruguayos, ellos demandan cosas que son totalmente increíbles, porque dicen: ‘el gobierno uruguayo nunca nos dio volumen de gas y precios reducidos para que el negocio funcionara’. Cuando ellos vinieron en 2005 y 2006 ya estaba la situación de poco gas y altos precios”. La huelga se levantó luego de 15 días.
