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Desde la OEA se advirtió que la mayor fragilidad de las democracias del Mercosur está en las políticas autoritarias hacia la niñez.

Luis Pedernera, representante del Comité de los Derechos del Niño en Uruguay, incluyó las denuncias del informe del comité de marzo de 2008 que surge de una visita a los centros de detención Piedras y SER de la Colonia Berro en octubre de 2007.

El informe presentado reconoce que hay cambios en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) como el de las autoridades en el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj). Sin embargo, para el Comité, estos cambios no evitan los “conflictos entre las diferentes perspectivas institucionales adultas (direcciones, funcionarios y técnicos)” lo que coloca a los jóvenes como rehenes y posterga el respeto a las normas internacionales.

Recuerda que "hace pocos días" se vivió una situación en la que esos conflictos de los adultos impactan en los jóvenes, refiriendo al último motín en el Hogar Piedras, que en informe se refiere como "un centro de detención". Dice que entonces los jóvenes terminaron como rehenes de los conflictos de los adultos con "la represión policial a los adolescentes, el traslado y encierro en calabozos de la comisaría de menores –prohibido por el Código de la Niñez y la Adolescencia-, la imposibilidad de contacto con familias, la imposibilidad de los técnicos de tomar contacto con los adolescentes y órdenes que se dan y no se acatan”.

De las visitas de 2007, referidas en el informe de marzo de 2008, se extraen denuncias como encierros de 23 horas, medicación siquiátrica compulsiva realizada como forma de contención más que de tratamiento, inexistencia de reglas claras y preestablecidas que regulen el cotidiano y los conflictos que allí se susciten, violación del derecho a la intimidad, que va desde lectura de correspondencia, imposibilidad de hacer llamadas en un ámbito que permita un mínimo de intimidad, testimonios y denuncias de malos tratos y torturas por parte de policías y funcionarios del INAU, investigaciones lentas o ausencia de ellas.

El informe presentado por el comité uruguayo motivó una acción de amparo promovida por la Fiscalía de Familia que obliga al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay a controlar la medicación psiquiátrica suministrada, reducir las 23 horas de encierro, generar propuestas de trabajo socioeducativo y establecer un mecanismo de monitoreo independiente.

La visión de la CIDH

El comisionado y relator para la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro, se manifestó en contra de que en Argentina y Uruguay la reclusión de los jóvenes en conflicto con la ley sea la primera medida y no el último recurso. Para Pinheiro esto se debe al miedo que los adultos tienen a la palabra de los jóvenes y comparó estas políticas con la violación del derecho de libertad de expresión en las dictaduras.

Dijo además que la mayor fragilidad de las democracias del Mercosur son las políticas autoritarias hacia la niñez. "Si hay un tema donde la consolidación de la democracia no fue realizada es justamente la cuestión del tratamiento autoritario de la niñez en las cuatro democracias. Esto es una fragilidad del proceso democrático", dijo Pinheiro.

Estas declaraciones fueron realizadas sobre las 15 horas del martes 28 de octubre, al terminar la presentación del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay ante la CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación de los menores en conflicto con la ley en Uruguay. Fue en el marco de la audiencia regional ante la CIDH donde Argentina, Brasil y Paraguay también plantearon las condiciones de detención de los menores.

Las organizaciones de monitoreo de los derechos de los jóvenes de los cuatro países denunciaron condiciones de privación de libertad indignas; inexistencia de espacios de coordinación y evaluación o programas que garanticen la vigencia de los derechos de los menores; la casi inexistencia de políticas públicas integrales para garantizar estos derechos y la supervivencia de sistemas tutelares como forma principal de respuesta en materia penal juvenil.

El control social y la pobreza

El documento critica que las políticas públicas aplicadas en materia de infancia y adolescencia están basadas en la lógica de control social y afirma que es necesario, por un lado, romper con la tendencia de criminalizar al menor, y por otro, limitar la expansión de los sistemas penales. “La delincuencia juvenil debe ser entendida, comprendida y controlada”, dice el informe. Una de las portavoces, Nora Pulido (del Colectivo Derechos Infancia y Adolescentes), denunció que en América Latina la profundización del proceso punitivo se genera por la penalización de la pobreza. Para ella, la penalización del delito, en los hechos es penalizar la pobreza.

Las sugerencias a la CIDH a los países

Además de las denuncias sugieren que el Sistema Interamericano de Protección dé importancia a este tema abordándolo en si mismo y no como derivado de las condiciones de la situación de los adultos en privación de libertad. Además piden que se establezcan los estándares mínimos en materia de justicia penal para los adolescentes que los estados estén obligados a cumplir. Las propuestas socioeducativas deberían tener más énfasis para “contener la violencia penal”. Para vigilar que esto se cumpla, los organismos denunciantes frente a la OEA piden que se cree un mecanismo de seguimiento y que el relator de los Derechos de la Niñez y el relator de Personas Privadas de libertad realicen visitas a los países.

El informe de 24 páginas presentado hoy establece que los Estados que respetan los derechos humanos deben:

- Incorporar los derechos humanos en la política de control social de una infracción, que justifique cualquier acción que se aplique en relación a los adolescentes autores de una infracción.

- Dirigir estas acciones a la plena protección de los derechos de los niños y adolescentes infractores o presuntos infractores del régimen penal juvenil.

- Establecer mecanismos de control social de una infracción, promoviendo la prevención.

- Cumplir con las garantías procesales, incluyendo la asesoría legal.

Al final de la reunión, la CIDH anunció que en 2009 hará una visita a Uruguay y solicitó al Comité Interamericano de los Derechos del Niño que lo asesore sobre los centros de detención de menores que deberían visitar. Además, anunciaron que entre el 20 y el 21 de noviembre se realizará en Paraguay una reunión preparatoria con las ONG de la región de cara a una reunión regional durante 2009.

Nota: El informe fue realizado por el Comité de los Derechos del Niño (Uruguay), el Colectivo Derechos de Infancia y Adolescencia (Argentina), la Associacao Nacional Dos Centros de Defesa da Crianza e Do Adolescente (Brasil) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Paraguay)