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El CDN emitió este jueves un comunicado en el que resalta que la condición inhumana en que viven los adolescentes recluidos en instalaciones de la Colonia Berro es histórica y que Uruguay ha sido llamado por entidades como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas a atender esta realidad.

Para el comité, la crisis que atraviesa el sistema de internación de adolescentes en conflicto con la ley penal, tras la renuncia de Méndez y del ex presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) Víctor Giorgi “es producto de la convergencia de diferentes factores, tanto sociales como institucionales”.

Entre esos factores, les preocupa -sobre todo- “la inexistencia de programas socio-educativos que ayuden a los adolescentes a rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad”. También destacan que los funcionarios a cargo de los jóvenes los involucran en redes de poder internas y ejercen “formas de sometimiento graves”.

El CND afirma también que se violan derechos humanos de los jóvenes y de sus familias a través de la “discrecionalidad y la impunidad” con que los funcionarios manejan aspectos importantes de sus vidas, como “traslados, visitas, castigos, intimidad, salud”.

En el comunicado también se explica que en función de los sucesos recientes -la renuncia de las principales autoridades del Inau y del Interj, y la fuga de internos- el Comité entiende que el Estado uruguayo debería investigar “las situaciones irregulares que los sucesivos informes han señalado”, así como los aspectos que surgen de las declaraciones del ex director del Interj, Mateo Méndez.

Luis Pedernera, coordinador del CND, dijo a 180 que sucesos como la renuncia de Méndez “no son sorpresivos porque el diagnóstico del CND muestra que no hay políticas que se centren en que esos lugares no son depósitos, sino que tienen que rehabilitar. No hay un régimen disciplinario claro, se les da (a los internos) medicación psiquiátrica de forma compulsiva y se los encierra por 23 horas de corrido”.

En marzo de 2008, el Comité elaboró un informe crítico de la situación en los hogares que no fue muy bien recibido. Sin embargo, explicó Pedernera: “se mantuvo contacto con Mateo Méndez y se le entregó otro informe en diciembre, que fue tomado de mejor manera que el de marzo”.

En esa instancia de diálogo, el coordinador de la CND contó que a Méndez se le plantearon nombres de funcionarios que deberían ser separados de sus cargos para ser investigados. Esos nombres no fueron propuestos al azar, sino que se extrajeron de los relatos de los jóvenes recluidos y de sus familias.

“Sabemos que se empezó la investigación de funcionarios, pero no sé qué trámite ha llevado”, continuó Pedernera. “Toda esta situación indica que no es sólo problema de los adolescentes, hay adultos atrás. Pedimos investigar porque un país democrático debe investigar”, enfatizó.

Actualmente se está realizando una auditoría en el Interj ordenada por el presidente interino del INAU, Jorge Ferrando. A su vez, el Senado debe votar la venia para que la actual diputada de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad Nora Castro asuma la Presidencia del INAU.

Unicef también reclamó en un comunicado que la discusión tras las renuncias en el INAU y en el Interj deben centrarse “en la promoción y protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes uruguayos. Esto incluye a los adolescentes en conflicto con la ley, que en un promedio anual no superan los 400, y que también forman parte de la sociedad”.

El texto afirma que la rebaja de la edad de imputabilidad penal o endurecer las penas “no dan ni han dado resultado, no garantizan la inserción constructiva en la sociedad de los adolescentes en conflicto con la ley, ni la disminución de delitos, tal como lo demuestra la experiencia internacional”. Luego se recuerda que según el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en Uruguay con los adolescentes en conflicto con la ley se debe priorizar medidas alternativas a la privación de libertad, “las cuales no significan impunidad pero sí una sanción”.

“La privación de libertad sólo debe aplicarse para delitos graves como homicidio o violación”, afirma, y “no implica bajo ningún concepto la privación del resto de los derechos, como el derecho a la educación, a la salud, a la integridad física, sicológica y emocional así como a mantener un vínculo fluido con su familia y con la comunidad, situaciones que en la mayoría de los casos hoy no se respetan”.

“Los establecimientos de máxima seguridad de la Colonia Berro, de acuerdo a informes recientes del Comité de Observadores del Consejo Consultivo Honorario de los Derechos de los Niños y Adolescentes y del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, no reúnen las garantías mínimas edilicias, ni sanitarias, ni cuentan con actividades educativas. Es importante destacar que no existen proyectos educativos en diversos establecimientos del INTERJ. Mucho menos cuentan con un programa especial de atención para los adolescentes. Las 23 horas de encierro diarias en sus celdas y la sobremedicación no son un método adecuado ni digno para que el adolescente en conflicto con la ley asuma una actitud responsable y se garantice su inserción en la sociedad, la protección de sus derechos, la promoción de su bienestar y el de toda la comunidad en general”, sostiene el comunicado de Unicef.

Luego se agregan datos sobre esta realidad. En enero de 2009, había 200 adolescentes privados de libertad en todos los establecimientos del Interj. Citando un informe en conjunto con el Movimiento Gustavo Volpe recuerda que en 2006 del “total de los adolescentes procesados se les aplicó como sanción la privación de libertad en Montevideo al 47%, en Maldonado al 69% y en Salto al 17%”.

En Montevideo la infracción más cometida es la rapiña con un 69%, en tanto el delito de hurto asciende a un 16%. En Maldonado, el hurto constituye un 64% de las infracciones cometidas; predominando también en Salto que alcanzó al 65% de los casos, dice el informe. Y agrega que del total de juicios iniciados por infracción a la ley penal, en Maldonado el 76% se les aplicó prisión preventiva, en Montevideo al 59% de los casos y en Salto al 30%.