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En sus declaraciones a la prensa tras la renuncia, Méndez dijo mucho aunque seguro no haya podido decir todo. Sugirió enfermedad, perversión y corrupción en el funcionamiento del Interj. Pidió disculpas por su salida a los adolescentes que sintieron que “había otra forma de tratarlos” y se refirió a su gestión de seis meses como una “brisa de esperanza”.

Lo que él quería hacer era poner a los adolescentes como el centro del trabajo en los hogares del Interj. Escucharlos, acompañarlos y lograr que reconstruyan los lazos sociales para poder reintegrarse a la sociedad que permanentemente reclama dejarlos de lado, recluirlos, confinarlos. Teniendo en cuenta la gravedad de la infracción que hubieran cometido, planteaba conocer la historia de cada uno y desarrollar una tarea educativa que rescatara los valores humanos que existen, salvo que hablemos de casos patológicos.

Con mayor o menor ingenuidad al entrar en un universo lleno de vicios funcionales y burocracias paralizantes, Mateo propuso un cambio de eje para lograr lo que debería ser la norma en un internado de jóvenes: reeducar.

¿Por qué fracasó? ¿Pecó de falta de ejecutividad o de inocencia? ¿Le faltó apoyo desde sus superiores jerárquicos? ¿Fue fagocitado por un sindicato reticente a cambiar?

Las preguntas podrían seguir. Pero la respuesta parece resumirse en una conclusión que se repite en algunas –quizás demasiadas- áreas de la administración pública. Es la misma que explica los constantes fracasos para lograr que Canal 5 sea un canal de televisión o que el Banco Hipotecario sea un banco que ayude a tener una vivienda, por citar dos ejemplos.

La salida de Mateo Méndez habla mucho de pérdida de objetivos y de ausencia de compromiso con los resultados de una gestión. Además, subraya la falta de conciencia respecto a que las organizaciones existen para cumplir una misión y no para sostener la burocracia que se genera alrededor de ella. El poder político -electo, es decir legitimado en los votos de la ciudadanía- aparece paralizado frente a situaciones funcionales que una y otra vez lo desbordan.

En los hogares del INAU pasa eso. Los adolescentes en conflicto con la ley penal son 200, frente a un total de 70.000 que atienden los distintos servicios de esa repartición. ¿Uruguay no puede darle solución a un problema que involucra a 200 personas? Desde el gobierno se ha repetido en estos días que el dinero está y que el compromiso presupuestal, quizás como nunca antes, se asumió. Ingresaron funcionarios calificados y se dotó al organismo de recursos para refaccionar edificios vetustos. Una cifra arrojada por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, en el programa No Toquen Nada asombra: en el Hogar Desafíos –uno de los que componen el complejo de la Colonia Berro- había casi tres funcionarios por cada adolescente internado. Digo asombra porque debe ser suficiente como para que se cumpla una tarea que a todas luces no se cumple.

¿Qué falta entonces? Quizás que cada uno asuma su rol y haga lo que tiene que hacer. Que una conducción política clara pueda encaminar a la mayoría de los funcionarios, señalada como honesta y con compromiso en la tarea. Y, sobre todo, una conducción que separe a los que desde hace años se dedican a poner palos en la rueda para mantener algunos privilegios que desde afuera es muy difícil comprender.

En la misma entrevista en Océano FM, la ministra Arismendi reconocía la imposibilidad que ha tenido el gobierno -igual que todos los anteriores- para darle solución a este tema.

Ojalá Nora Castro y quien suceda a Méndez puedan hacerlo aunque el tiempo que tienen por delate es corto. Muy corto.