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Los jóvenes están de vuelta en la colonia Berro pero su situación en la órbita del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (InterjJ) continúa sin las soluciones necesarias. El Comité de los Derechos del Niño presentó en marzo un informe sobre las irregularidades en los hogares Piedras y SER (ver informe adjunto) que dio lugar a una investigación judicial que obligó a las autoridades a realizar cambios. Se trata de una situación muy compleja donde se cruzan los testimonios de padres, de autoridades del Interj y del INAU, de los funcionarios técnicos, del sindicato del INAU y de los jóvenes privados de libertad.

El martes 28 de octubre, el Comité del Niño presentará un nuevo informe a la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, en el que se incluyen las denuncias de no cumplimiento de las recomendaciones internacionales establecidas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la postergación en la aplicación de fallos judiciales a nivel nacional.

Los últimos acontecimientos: las irregularidades en la comisaría

Los padres denunciaron que los menores pasaron una semana en dos celdas pequeñas de la comisaría: cinco en una celda y seis en otra. Dijeron que no los dejaban salir para ir al baño, que no tenían dónde bañarse y que por una semana estaban incomunicados, a excepción de una visita que los padres gestionaron a través del Ministerio del Interior.

El martes, el padre Mateo Méndez, gerente del Interj, ordenó -a través de su asesor Andrés Tomasina- que los jóvenes estuvieran comunicados y para eso envió un celular a la comisaría que demoró más de 24 horas en llegar.

Guillermo Paysée, abogado de uno de los recluidos en la Comisaría de Menores, explicó el detalle de las irregularidades de la detención y confirmó la denuncia de los padres.

En el marco de estas irregularidades, los padres denunciaron a un funcionario como causante del motín, que se habría producido como consecuencia del intento de estrangulamiento a uno de los menores que hoy está fugado.

Desde hace dos semanas el nombre de este funcionario figura en una carta que el Comité de los Derechos del Niño envió a las autoridades del INAU, como uno de los nombres que se repetían en las denuncias del hogar Piedras.

Por otra parte, Andrés Tomasina confirmó que se están desarrollando investigaciones a partir del motín. Lo que no pudo confirmar es la situación del funcionario denunciado y si seguía en contacto con los jóvenes como medida preventiva.

El miércoles, en la puerta de la Comisaría de Menores, un funcionario del INAU de nombre Miguel, que estaba tomando su turno, confirmó que el martes de noche el funcionario a cargo del cuidado de los jóvenes fue el denunciado.

Los padres denunciaron además que, estando en la comisaría, el funcionario los escupió a través de las rejas y también escupió la comida. A raíz de esta situación, los jóvenes realizaron una huelga de hambre y de medicamentos.

El miércoles, mientras estaban en la huelga y los padres esperaban en la puerta de la comisaría de puertas trancadas, tres personas llegaron, golpearon, se presentaron nominalmente como miembros del sindicato del INAU y entraron sin presentar documentación alguna. La puerta volvió a cerrarse a sus espaldas. Adentro, uno de los 11 jóvenes esperaba una operación marcada para ese día que el padre Mateo había autorizado y coordinado en el Pereira Rossell. Por razones que aún no se han aclarado, el menor no fue trasladado al hospital y no fue operado.

NOTA:

El Comité de los Derechos del Niño es una coalición de organismos no gubernamentales, sociales y culturales creado en 1991 a raíz de la ratificación de Uruguay de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esa convención, en sus artículos 43, 44 y 45, previó la formación de un Comité Internacional de los Derechos del Niño que funciona en la órbita de las Naciones Unidas, cuyo cometido es recibir la información de todos los países que la ratificaron, a los efectos de constatar la situación real de los derechos de los niños.