En ese texto, Gonzalo Fernández cuestiona directamente varias piezas de la política de lucha contra el crimen organizado que fue fuertemente impulsada desde el gobierno donde él ocupó tres cargos, todos de alto perfil político y donde funcionó como uno de los hombres más cercanos al presidente.
En el prólogo el reconocido penalista Grado 5 de la Facultad de Derecho cuestiona el propio delito de lavado al que llama “invento artificial” y figura jurídica “diletante”. La situación generó la reacción de varios actores de la lucha contra el crimen organizado y el lavado en Uruguay.
No Toquen Nada habló con quien fue secretario nacional antilavado durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Ricardo Gil, que actualmente es director de un programa de GAFISUD, una organización intergubernamental referente en el tema lavado en la región.
Gil expresó su sorpresa y también su molestia con las declaraciones de Gonzalo Fernández. “Que un integrante importante de un gobierno cuestione lo que se hizo durante ese gobierno es un hecho político. Desconozco por qué se da pero está claro que las afirmaciones que hay ahí van en contra de lo que se hizo en el período anterior y de lo que se está haciendo en este, no desde una unidad aislada sino desde la propia Presidencia de la República. Me llama la atención y me sorprende”, dijo Gil. También llamó la atención sobre el hecho de Fernández “aparezca alineado con una serie de posiciones que se han escuchado en los últimos tiempos, básicamente a partir de noviembre del año pasado. Y no es casualidad porque en ese momento se procesó a un abogado famoso, Cubelo Tammaro, y a partir de ahí una serie de abogados se dieron cuenta, descubrieron que había cosas que no les gustaban, que se habían aplicado y se siguen aplicando. Cuando se aplican a gente no famosa, no había problema. Pero cuando se le aplica a los poderosos, no nos gusta”, dijo.
Ricardo Gil aclaró que todavía no pudo leer el prólogo de primera mano y que sólo contaba con los fragmentos publicados por Búsqueda. Como dato curioso comentó que uno de los autores del libro, el doctor Gabriel Adriasola, fue uno de los cinco miembros de la comisión especial que redactó el proyecto de la nueva ley antilavado uruguaya.
“Él es abogado de empresas, de hoteles, de casinos, de gente que ha estado alguna vez en alguna investigación y lo ha hecho con absoluta corrección y por eso mismo tengo el mayor respeto por él y también por el doctor Cervini. Son excelentes profesionales, serios en los suyos y no he tenido oportunidad de preguntarles hasta dónde coinciden con el prólogo. Son personas distintas las que escriben el libro y las que escriben el prólogo. Además, son compromisos distintos con lo que hizo el gobierno anterior. Ellos no eran parte del gobierno, el doctor Fernández sí”, afirmó.
El tema del combate al crimen organizado y al lavado de activos tuvo un puno de inflexión en Uruguay durante el gobierno de Tabaré Vázquez. El dato más elocuente es que el delito de lavado existía desde la década del 90 en Uruguay, pero hasta 2005 no había procesados y en esos cinco años se procesó a más de 40 personas. Además se confiscaron millones de dólares en propiedades y otros activos de las organizaciones criminales.
Gil señaló que recién en los últimos años el Estado uruguayo comenzó a cumplir su rol en este terreno y consideró lógica, aunque con algunas sorpresas, la reacción de los circuitos que se sienten amenazados. “El Estado lo que ha hecho a partir de unos años para acá es empezar a cumplir esa función. Empezar a investigar, empezar a judicializar, empezar a meter presos a los delincuentes. Y es lo que tiene que hacer el Estado para que la gente pueda vivir más tranquila. Porque esta gente, aunque pueda tener un estudio en Ciudad Vieja, generan parte de esa inseguridad de la que todos nos quejamos y todos vivimos. El lavado le paga no al peón del barrio sino al dueño del boliche delictivo. Cuando vos te metés con esta gente sabés que por algún lado van a reaccionar. Buscan el momento, esperan. Acá el hecho de que el juzgado en el cual estaban procesados algunos profesionales famosos pide un cambio de titular… lo aprovecharon. Largaron una ofensiva interesantísima, con artículos en alguna prensa, que más que artículos eran solicitadas. Pero está bien, son las reglas del juego. El asunto es que no bajemos la guardia. Por otro lado, cuando algunos actores que se supone que estaban del lado de acá, aparecen en el medio, a mí me preocupa”, dijo.
Respecto a los cuestionamientos que Gonzalo Fernández realiza en el prólogo del libro a algunas herramientas del sistema uruguayo, Gil realizó un par de argumentaciones.
Uno de los ataques más fuertes de Fernández es al propio delito de lavado al que llama “invento artificial” y figura jurídica “diletante” (según el diccionario: “Que practica una ciencia o un arte sin tener capacidad ni conocimientos suficientes: es un diletante de la literatura, cree que con leer una novela ya es crítico literario. Tiene un matiz peyorativo”).
Gil recordó que el delito de lavado existe en casi toda la región. Uno de los pocos países que no lo tiene es Argentina y se está trabajando para incorporarlo. Además discutió la idea de Fernández de que el lavado queda “suficientemente comprendido en la modalidad del encubrimiento real”. “Hay que tener en cuenta que esas cosas que parecen teóricas también tienen efectos prácticos. Por ejemplo, en Uruguay hay procesadas mujeres de narcotraficantes porque todos los bienes estaban a nombres de ellas. ¿Se le puede procesar por encumbramiento a la esposa? Hay eximentes que no corren si el delito es autónomo. Esto tiene consecuencias prácticas. Si yo soy narcotraficante y a mi mujer no la pueden procesar, me hago una fiesta lavando plata”, afirmó.
En su ataque a las herramientas de combate al crimen organizado Gonzalo Fernández también cuestiona su origen. Según él, “vivimos en el aura de una suerte de Derecho Penal Imperial, que se exporta desde los países centrales hacia el margen y allí se adopta sin chistar”. Más adelante señala: “Los sacerdotes del internacionalismo penal aún no aprendieron que tipificar delitos no implica aglomerar verbos y repetir sinónimos. La legislación de estupefacientes es, para el caso, un ejemplo paradigmático”.
La respuesta de Gil a este argumento se dirige no sólo a Fernández sino a un amplio grupo de especialistas que ha mantenido, recientemente, esa opinión. “También coinciden, y me vuelvo a preguntar si es casualidad, con lo que se ha planteado desde mucha gente notoriamente de derecha, notoriamente afiliada a cuanta forma de sumisión existió en el pasado, ahora dicen que esto nos lo imponen desde afuera. Resulta que ahora son anti imperialista. En el tema del Derecho y en otros temas, a mi me preocupa poco quién tuvo la primera idea. Lo que me preocupa es si le sirve al país o no. Plantear ese cierre de fronteras en materia de derecho me parece tan reaccionario y tan retrógrado que sospecho que pueda tener otras intenciones. No me refiero a este caso particular sino en general a esa corriente de pensamiento”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos de Fernández está dirigido contra la obligación establecida para los escribanos, de informar al Estado. La nueva normativa establece que en caso de sospechas de maniobras delictivas en operaciones en las que se solicite su participación como profesionales los escribanos deben informar a las autoridades para que investiguen.
Según Fernández, “el deber de reportar le impone al escribano reconvertirse en un sospechador profesional. Lo obliga a desconfiar prima facie de su cliente, a desconfiar de él, empleando un olfato detectivesco del cuál carece”.
Gil también respondió a este punto. “Asaltar a un banco es bastante claro. Voy con un arma, le meto el caño a la gente y les robo. Está claro que si fui yo, cometí un delito. Lavar plata no es tan claro. Lo que voy a hacer es comprar casas, hacer transferencias. O sea, por ese hecho nadie está delinquiendo. Está delinquiendo porque el origen de la plata es delictivo. Entonces, ¿cómo hace el Estado para investigar eso o para enterarse? A partir de 2005 decimos si hay una organización que trafica, hay plata, hay lavado, investiguemos también el lavado. Además se le pide, se le impone en algunos casos la obligación a algunos actores, a que no se regale, no acepte que venga un señor con una bolsa con un millón de dólares y la ponga arriba. Hace años que lo hacen los bancos en Uruguay y no se cayó el sistema. Y hace años que para este tema el secreto bancario no existe y no se cayó nada”, afirmó.
Gil también explicó por qué se decidió incluir en la obligación de informar a escribanos y rematadores y cuál es la actitud que les pide la ley. “Tenemos numerosísimos casos donde se concretaron inversiones en el sector inmobiliario. ¿Qué es lo que hace esta ley? Dice: ‘miren señores escribanos o señores rematadores le vamos a pedir, como ya le pedimos desde hace años a las inmobiliarias, a los casinos, a los cambios, a los bancos y a un montón de gente una cierta medida de precaución. Que hagan de policía… no. No es la idea, no es su función y no están para eso. Que tomen medidas razonables de precaución y que si ven algo raro, avisen. Después nosotros nos encargamos”, explicó.
Díaz
Por su parte, el juez en Crimen Organizado José Díaz dijo que la legislación antilavado siempre es mejorable. “Pero creo que Uruguay en estos últimos seis o siete años ha evolucionado muchísimo y así ha sido reconocido a nivel internacional”, dijo. Las declaraciones de Díaz fueron realizadas durante una conferencia sobre el delito de lavado de activos.
Díaz declinó opinar sobre los argumentos de Fernández porque los desconocía.
Destacó que una de las principales dificultades para este tipo de investigaciones, son las diferentes formas societarias que existen en Uruguay que complican a la hora de determinar quiénes son los titulares.
En base a un informe del periodista Ricardo Leiva, de No Toquen Nada.
