Para superar la problemática de aquellos que están en situación de calle, el Mides organizó una mesa interinstitucional para dar a conocer causas, consecuencias y posibles soluciones, según distintos aspectos abordados por diferentes organismos e instituciones.
Según informó durante la jornada, en Montevideo hay 600 personas que están en situación de calle. En todo el país, son unas 1.000.
Las pensiones sociales
En representación de la Intendencia de Montevideo, Jorge Cuello y Gerardo Monteverde explicaron los planes que se implementan a nivel municipal.
Desde el año 2000 la Intendencia, en coordinación con otros organismos, realiza el Plan Frío Polar y el Plan Invierno. Esos programas se implementaban en las horas de la noche, entre los meses de mayo a setiembre.
Cuando en 2005 se creó el Mides, esas actividades pasaron a ser coordinadas por el nuevo Ministerio. Según informaron, la Comuna no se alejó de estas colaboraciones ya que, actualmente, cedió en comodato un local que funciona como refugio.
A fines del año pasado, la Intendencia creó las Pensiones Sociales, con la meta de evitar la “institucionalización” de las personas en los refugios. Allí se ofrece “una propuesta alternativa de vivienda” para “promover la inclusión social siendo menos dependiente del aparato estatal”.
Allí se les da un techo pero no comida. “Son personas que estaban tiradas en la calle”, precisó Cuello.
A los seis meses de funcionamiento, se registraron 46 personas en las Pensiones Sociales. El 35% abandonó, 28% continúa, el 20% egresó y el 17% fue expulsado.
Destacaron que las personas seleccionadas deben asumir responsabilidades de varios tipos: económicas, de actividad laboral, de uso y cuidados del lugar, al respecto del cumplimiento de los acuertos. Todo esto es para reconocer sus derechos y obligaciones.
El problema en la sociedad
Desde el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, se derribaron algunos mitos. Miguel Cáceres afirmó que no todos los menores que están en situación de calle “se drogan, roban o son pobres”.
A esos niños se los puede clasificar en cuatro grupos: los que trabajan en su barrio, pero lejos de la mirada de los adultos protectores; los que se alejan del barrio y van a zonas más adineradas a brindar servicios de cuidacoches, de limpiavidrios, etc., y el regreso a su lugar de vivienda es más esporádico; los niños que se van y toda su vida gira en torno a la calle; y los niños que se instalan en la calle y están en situación de consumo.
“El problema está en la sociedad. La sociedad es la que tiene que hacerse cargo”, afirmó Cáceres. “Nosotros, el Inau, participamos de un lado, otras participan desde otro”.
“Me gustaría referirme a qué pasa con el vecino y la vecina cuando ven un niño o una persona mayor en situación de calle, que tiene olor... Estoy hablando de cualquiera de nosotros, que lo empezamos a mirar no como si fuera un niño o una persona adulta sino como alguien que está sucio, alguien que tiene piojos, alguien que molesta, alguien que joroba en la puerta del negocio”, comentó. “Y el ciudadano tiene razón, pero siempre tenemos que tener el ojo listo para ver a la persona que está sucia como un individuo igual. A veces nos sacamos el cartel de solidarios y cuando vemos estas cosas, lo solidario queda muy por debajo”.
Para adultos mayores
En el Banco de Previsión Social se implementa un Programa Integral para adultos mayores en situación de calle, que incluye tres áreas de intervención: Red de servicios, Programa de Soluciones Habitacionales y una Mesa interinstitucional.
En representación del BPS, Adriana Quintero explicó el Programa de Soluciones Habitacionales. El público objetivo son jubilados o pensionistas del BPS con ingresos menores a 12 UR, que deben ser mayores de 55 años y estar en situación de calle o en inminente situación de calle.
Hay un proceso de adjudicación que comienza con una valoración de vulnerabilidad de la persona (puede estar en situación de violencia doméstica o que están imposibilitadas a pagar una pensión) y sigue con una evaluación interdisciplinaria a cargo de trabajadores sociales y psicólogos. Continúa con un proceso de adaptación de la vivienda ofrecida: “puede ser un proceso de no acpetación y nosotros respetamos la decisión de la persona, por la lejanía del barrio, por ejemplo”, señaló Quintero.
Todo el proceso puede llegar a durar entre 8 y 12 meses, y cada postulante es entrevistado una decena de veces, en promedio. Aproximadamente, se adjudica una vivienda por mes a una persona que estaba en refugio o en un centro de estadía transitoria.
Pocas denuncias
En tanto, la Policía Comunitaria -cuyo objetivo es la prevención del delito- relevó, en los últimos cuatro meses, 870 personas en situación de calle. Mario Vázquez informó que, de esas 870 intervenciones, solo 240 fueron a partir de quejas de vecinos. “Y de esos 870, solamente 60 fueron -posteriormente- traducidas en denuncias”, indicó. “Es un número que llama la atención porque a la hora de denunciar, no denunciamos”.
La Policía Comunitaria considera que la población debe informar más seguido de estas situaciones, para poder actuar.
Además, Vázquez dijo que la mayoría de quienes están en situación de calle no quieren asistir a refugios porque reciben comida o abrigo por parte de vecinos de la zona o de ONG. “Esto es un problema que tenemos. Muchos no quieren ir a refugios porque saben que a determinada hora pasa una ONG y les da comida caliente, quizá un abrigo, al igual que algún comercio gastronómico le puede dar alimentación”.
Consumidores y productores de cultura
Por último, desde el Ministerio de Educación y Cutura, Leonardo Rodríguez contó la experiencia de Urbano Espacio Cultural, un lugar que busca proteger y promover los derechos culturales de todos los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables.
Hoy en día funciona como un proyecto piloto -en 2011 el MEC y el Mides decidirán sobre su continuidad-.
Allí se pretende que quienes estén en situación de calle puedan ser “consumidores de bienes y servicios culturales, pero también, productores de los mismos”.
“Esto también sirve para sensibilizar a la población sobre el tema”, manifestó Rodríguez, quien lamentó la gran 'aporofobia' de la población uruguaya. Explicó que, según escribió Hugo Achúgar, se trata del miedo o la fobia al pobre o al desvalido.
