Efectuada la ocupación por parte de los trabajadores de una dependencia pública "se procederá a solicitar el desalojo" de la misma al Ministerio de Trabajo, el que tentará "una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida", establece el texto.
De persistir la situación cumplidas estas etapas, "se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores" por parte de la fuerza policial.
El decreto llega cuando el gobierno enfrenta una ola de conflictividad en la salud, la banca, educación, judiciales, los escribanos, empleados municipales y de la administración central.
Los conflictos se suceden en el marco del debate parlamentario sobre el presupuesto para los próximos cinco años y la actividad en los consejos de salarios, en los que empresarios y trabajadores negocian los ajustes de las retribuciones por sector.