Helda Martínez entrevista al legislador Guillermo Rivera, del Partido Liberal.
Con esta nueva norma la sociedad colombiana prestará "por fin atención a cinco millones de personas que viven en la ignominia", señaló en conversación con IPS el representante en la cámara baja por el Partido Liberal, quien mantuvo una férrea oposición a Uribe.
Tras cuatro años de dificultades, incluida la abierta oposición del entonces presidente Álvaro Uribe (2002–2010), la norma que contiene 208 artículos y 76 páginas pasó finalmente por la firma de Santos, en un acto en el que participó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Rivera y su correligionario, el senador Juan Fernando Cristo, fueron los responsables de la primera versión del texto en 2007 de lo que ahora se constituyó en la Ley de Víctimas. Ambos provienen de regiones que son escenario de la guerra civil en la que intervienen fuerzas de seguridad del Estado, guerrillas izquierdistas y paramilitares de ultraderecha.
Rivera dijo a IPS que esto marca la existencia de una política de Estado y reconocimiento de las víctimas. “Las leyes tienen eficacia material y simbólica. En este caso, la eficacia material se dará cuando se restituya la tierra, se indemnice a las víctimas y las familias puedan hacer uso de las garantías judiciales que contiene la norma”.
Para Rivera, el mensaje simbólico es de reconciliación. “Que la sociedad colombiana preste por fin atención a cinco millones de personas que viven en la ignominia”, afirmó.
Para el senador, este enfrentamiento de tantas décadas, que se ha intensificado en las dos últimas, impone que el Estado responda ya. “Ante la violencia, es urgente encontrar respuestas eficaces, acordes con la obligación constitucional”, expresó.
Helda Martínez también entrevistó a Marco Romero, activista de los derechos humanos.
Romero dijo que esto era una muestra de reconocimiento de las responsabilidades del Estado frente a las víctimas de la guerrilla, los paramilitares y agentes estatales. “Es un gran logro en un país que tiende al cinismo, donde los derechos se reivindican a medias o se niega la realidad como hizo el ex presidente (Álvaro) Uribe, para quien el objetivo fue combatir la subversión desconociendo a las víctimas, negando la observancia del Derecho Internacional Humanitario y el desplazamiento forzado de personas, llamándolas apenas emigrantes”, afirmó.
Según los cálculos realizados por la organización de derechos humanos, esta reparación representaría una suma equivalente a 40 millones de dólares, sin contar el daño moral.
“Es cierto que casi ninguna sociedad puede pagarlo todo, pero hay que acercarse lo más posible, porque las víctimas merecen, para ellas y sus hijos, educación, incluida la superior, vivienda e ingresos dignos, como oportunidades para aportar a la sociedad trascendiendo la economía informal”, dijo Romero.
