El dato del Programa Nacional de Discapacidad forma parte de un extenso informe que Uruguay presentó a la Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU. Se preguntó cuánto afecta la discapacidad a las personas en su vida. Para un alto porcentaje de la población estudiada no hay mayor incidencia en las actividades de cuidado personal, trabajo doméstico y recreación dentro o fuera de la casa.
Sin embargo, un 50% se ve muy afectado para sus estudios y un 31% señala que lo afecta para el trabajo.
Los padres denuncian que el Estado no les da soluciones y por eso la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual resolvió pedir a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) los datos relativos a las medidas que el Estado adoptó para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad.
La información solicitada no se otorgó en los 20 días que dispone la ley 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública
Richard Muiño, integrante del consejo directivo de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual -que nuclea a más de 20 asociaciones de padres de todo el país- contó que han recibido varias denuncias por esta problemática. "Abuelas que tienen chicos con discapacidad han ido a la escuela y han pasado meses para que puedan incluir a los nietos. Al final les dicen, como para que no venga a molestar más, que lo lleve una vez por semana 40 minutos. Esa no es manera, así no van a poder aprender. Le están negando el derecho porque nosotros partimos de la premisa que todos pueden aprender dentro de su capacidad y discapacidad. Entonces, no se le pueden aplicar los programas rígidos como al resto de la gente, tienen que centrarlo en sus capacidades", explicó.
Según datos del último censo (2011), de los 3.251.654 habitantes con los que cuenta Uruguay, 517.771 presentan algún tipo de discapacidad (15.9%). De ese total, presentan una discapacidad leve 365.462, una discapacidad moderada 128.876, mientras que 23.433 personas tienen una discapacidad severa.
Liceo es el "cuello de botella"
Considerando las edades entre 4 y 15 años, el porcentaje de población con discapacidad que asiste a un centro educativo es del 88%, es decir siete puntos porcentuales menos que la población sin discapacidad. Sólo un 32% de quienes asisten a esos centros educativos terminan la primaria.
Muiño dijo que el "cuello de botella" está en el liceo. "Muchas veces, ya sea en las escuelas especiales o en algunas instituciones privadas se soluciona la etapa de la Primaria. Pero el cuello de botella está cuando los chiquilines tienen que terminar. Hay chicos con 16 y 17 años que no salen porque no tienen a dónde ir. Entonces, no pueden entrar los chicos nuevos y ahora están buscando la manera de que continúen en algún lado los que cumplieron más de 15, porque a nivel de UTU y Secundaria no hay nada para nuestros chiquilines", señaló.
Las diferencia entre quienes terminan el Secundario es de 19 puntos porcentuales con respecto a la población sin discapacidad.
"Generalmente, terminás resolviendo la educación en el ámbito de instituciones privadas, muchas ONG que, a raíz de que el Estado no presta los servicios, los padres se reúnen y forman asociaciones, como el centro Manos Unidas, para que sus hijos puedan desarrollar una actividad y no queden aislados en su casa. Yo tengo dos hijas, la grande tiene 20 años y tiene discapacidad, la chica tiene 11. Con la chica no me tengo que preocupar por nada, ya está todo instrumentado. Ella termina Primaria y ahora va a ir al liceo. Sin embargo, en las personas con discapacidad todo depende de los padres", dijo Muiño.
Si uno toma como referencia los 25 años o más de edad, observa que en el caso de las personas con discapacidad, un 37,7% tiene muy bajo nivel de instrucción. Sin embargo, para la población sin discapacidad es 12.6%.
Pedido de información a ANEP
La Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual resolvió, junto al Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), pidió a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Primaria (CEIP) la entrega de datos relativos a las medidas que el Estado adoptó para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad.
La información solicitada no se dio en el plazo de 20 días hábiles que otorga la ley 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública.
Ahora se presentó una demanda ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4to turno para que la ANEP y el CEIP cumplan con lo solicitado.
Muiño explicó que quieren ver si se cumplen las obligaciones internacionales que el país asumió. "Uruguay a nivel internacional firma convenios sobre los derechos humanos y parece que está todo bien. Pero después ves que a nivel interno nada de lo que se firma se cumple. Nosotros hace mucho tiempo que estamos esperando, nuestros hijos han crecido y no vemos cambios. Vemos que están muy preocupados por muchos muchachos que ni estudian ni trabajan, pero de los nuestros nadie se preocupa", señaló.
Ley equipara educación pero todavía está sin reglamentar
La ley 18.651 de Protección Integral para las Personas con Discapacidad fue aprobada en febrero de 2010 y tiene 94 artículos que incluyen las responsabilidades y cometidos del Estado con respecto a esta población. Entre otras cosas, se les equipara el acceso a la educación. El capítulo siete está destinado a eso.
El artículo 39 sostiene que "el Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública deberá facilitar y suministrar a la persona con discapacidad, en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales".
Además, en el artículo 40 se establece la "equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, desde la educación inicial en adelante, determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una educación para todos, posibilitando y profundizando el proceso de plena inclusión en la comunidad".
La ley anterior estuvo 17 años sin ser reglamentada y está aún lo está. El proyecto de reglamentación fue entregado por la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad hace un año y está en la órbita de Presidencia.
