Este martes, un grupo de periodistas se concentró ante las puertas de la Fiscalía general en Caracas para protestar por la presentación de un anteproyecto de ley sobre delitos mediáticos que prevé penas de cárcel para quien la infrinja.
"Somos periodistas, no delincuentes", clamaron los manifestantes.
La salida del aire de 32 emisoras de radio y dos televisoras locales sumada a la incubación de esta nueva normativa que afectaría al oficio diario del periodismo ha encendido además la luz de alerta internacional. "Han arreciado los ataques contra el gobierno revolucionario (...). Hoy chillan porque estamos democratizando los medios de comunicación y asegurando con ello una verdadera libertad de expresión", declaró Chávez este martes.
Numerosas organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Amnistía Internacional (AI) y Reporteros Sin Fronteras han expresado su descontento y preocupación ante el panorama del periodismo en el país.
Para el gobierno, hay una campaña internacional contra Venezuela que busca "satanizar" a Chávez y al proceso político en curso.
Las emisoras clausuradas forman parte de una lista de casi 300 radios y televisiones locales que, según Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones, usaban ilegalmente su concesión, atribuida por el Estado.
Dentro de Venezuela, dirigentes políticos de oposición criticaron estas medidas y consideraron que "la cacería de medios" ha comenzado. "Ha empezado la cacería de brujas para que el gobierno pueda mantener una hegemonía comunicacional y controlar las líneas editoriales de los medios", explicó el gobernador del estado de Zulia (oeste), Pablo Pérez.
Dentro del gobierno, el apoyo a la salida del aire de estas radios es unánime. Sin embargo, la futura ley de delitos mediáticos parece provocar una mayor prudencia. "Tal y como está presentada yo no la votaría", afirmó el periodista y diputado oficialista Earle Herrera, miembro de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Esta comisión de parlamentarios se reúne este martes para comenzar a estudiar, completar y modificar el documento presentado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Por ahora no está previsto que la plenaria de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, debata este texto, que hasta el momento es un borrador y no un proyecto de ley, recalcó el secretario del Parlamento, Iván Zerpa.
Además, este portavoz recalcó que la fiscal general no tiene potestades legislativas y tan sólo el derecho a expresar su opinión sobre lo que ella considera "un exceso".
Según informaron diputados a la AFP, es probable que antes de presentar este documento a la plenaria, este texto se explique y presente a los ciudadanos para medir la aprobación que despierta entre los venezolanos, como ya se hizo con otras leyes.
Los acontecimientos de los últimos días han enrarecido el ambiente y avivado la palpable polarización de la sociedad venezolana. El lunes en la tarde, un grupo de más de 30 personas armadas lanzaron bombas lacrimógenas irrumpió en la sede de la televisión Globovisión, muy crítica con el gobierno y amenazada de cierre. Una agente de la policía y un guardia de seguridad resultaron heridos en ese episodio, inmediatamente condenado por el gobierno.
Este martes, la fiscalía emitió una orden de detención contra Lina Ron, una activista defensora de un chavismo radical, por su presunta participación en la agresión.
Por último, en Puerto La Cruz, al este del país, más de 10 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre adeptos y detractores del gobierno durante una manifestación de apoyo a la emisora Orbita FM 107.5, una de las 32 que fue sacada del aire el pasado fin de semana.
