Jorge Sarasola

2016: año de riesgo para la BBC

En el 2016 vence un acuerdo entre el gobierno británico y la BBC que determina su funcionamiento, y una comisión investiga medidas que podrían cambiar su estructura drásticamente.

Actualizado: 28 de enero de 2016 —  Por: Jorge Sarasola

Si nos encontráramos sentados frente a un psicoanalista practicando el ejercicio de asociación mental, y nos nombrara al “Reino Unido”, ¿con qué tipo de imágenes relacionaríamos a dicho país? La Reina Isabel seguramente, el Big Ben quizás, dos señoras tomando el té de las 5, la Premier League… y la BBC.

La “British Broadcasting Corporation” es la organización televisiva nacional y pública más antigua del mundo (su primera transmisión fue en 1920) y acumula casi 17.000 empleados de tiempo completo, con un lema simple y claro: “to inform, educate and entertain” (informar, educar y entretener). Una encuesta reciente reveló que es la institución pública que inspira mayor confianza entre los ciudadanos.

Es difícil concebir el gigantesco tamaño de esta institución. Actualmente, tiene nueve canales de televisión nacional, más otros que se transmiten internacionalmente. Posee once estaciones de radio, desde BBC Radio 1 que pasa los hits populares del momento hasta Radio 4, que invita académicos a charlar sobre filosofía, antropología e historia. Tiene un sitio web que se alimenta de corresponsales dispersos por el mundo, y se puede ver la programación en vivo o en diferido online en el iPlayer.

Vale remarcar que es una institución no comercial (ya que no vende publicidad) e independiente del gobierno que se mantiene a flote gracias al dinero del público. En el corazón de la Constitución de la BBC se encuentra el “impartiality agreement” (acuerdo de imparcialidad) que inscribe la objetividad periodística en el contrato de sus empleados. Esto significa que un periodista no puede hacer públicas sus opiniones o preferencias políticas para no violar dicho acuerdo.

La Constitución de la BBC se encuentra en el “Royal Charter” que determina su funcionamiento, y que se negocia con el gobierno cada 10 años. A finales de 2016 vence este “Royal Charter”, y una comisión de ocho personas lideradas por el Ministro de Cultura – John Whittingdale – está investigando los diferentes cambios que se le indicarán al gigante mediático para la próximas década.

El hecho de que David Cameron escogiera a Whittingdale para esa posición fue visto como una señal de hostilidad hacia la BBC, ya que el ahora ministro se ha declarado en contra del tamaño abismal del multimedio, y se rumorea que el gobierno podría intentar desmantelarlo. No es solo el Estado, sino muchas otras voces que se han alzado en contra de la BBC mientras esa negociación está en juego.

Mirándolo como un extranjero, esta reacción genera incredulidad. El país posee un multimedio que inspira confianza nacional y admiración internacional; que tiene el sello grabado de periodismo profesional y que se ha adaptado con sumo éxito a los cambios turbulentos del último siglo; que ha producido desde comedias galardonadas como The Office hasta ficción de calidad como Dr. Who, Luther o Sherlock… ¿Y hay críticos que quieren desmantelarlo?

Pero la dura verdad es que a la hora de diseñar el “Royal Charter” que regirá a la BBC por los próximos diez años hay muchos argumentos en su contra que dan pausa a la reflexión.

El punto principal en el que los críticos convergen es en la forma en que la organización recauda dinero. Si uno desea utilizar un aparato televisivo en su hogar en el Reino Unido debe pagar lo que se conoce como el “TV licence fee” (tasa de licencia de TV), que cuesta £145.50 por año (cerca de 207 dólares). El dinero recaudado a través de este pago va para las arcas de la BBC, y a cambio, el usuario tiene acceso inmediato a su programación sin contratar ninguna señal de cable. Ya que el 96% de los hogares británicos lo abonan esto le significó un ingreso de aproximadamente £3.7 billones durante la temporada 2013/14 (unos 5.200 millones de dólares, billón en el mundo sajón refiere a mil millones y no a millón de millones).

Si este pago fuese voluntario como cuando se contrata una señal de cable, no habría controversia alguna. El problema, claro, es que no lo es. Si yo quisiera utilizar mi televisión sólo para ver Netflix y no deseo tener ningún canal de la BBC, igual me veo obligado a pagar la “T.V licence fee” para evitar recibir una multa. Es esta obligación a pagarla que rechina en muchos críticos; sobretodo en los medios que compiten con la BBC y deben vender publicidad para poder recaudar apenas una ínfima parte de esos 3.7 billones. Competencia desleal, creen algunos.

La idea de un fee universal y obligatorio surgió en 1920 cuando la BBC poseía el monopolio televiso. Hoy, con la diversidad de opciones que tiene el televidente – argumenta el crítico – no tiene sentido que nos obliguen a pagar a todos por un servicio que quizás no deseemos utilizar. Algunos creen que el sistema debería ser de suscripción: si Fulano desea tener acceso a la BBC, él puede pagar voluntariamente por eso.

El defensor del pago obligatorio dirá que es un gran servicio proporcionado por el costo pagado. Por la módica suma de £13 por mes, cada hogar tiene acceso a la BBC en cinco aparatos televisivos diferentes y se asegura que esa institución que inspira tanto orgullo continúe produciendo periodismo y ficción de calidad.

Otros defensores dirán que es precisamente esa idea de “universalidad” de pago que hace a la BBC única. El hecho de que esta señal deba producir programas para todos los gustos – ya que todos la pagan – la obliga a tener una diversidad inigualable en su programación, que va desde la “televisión basura” hasta programas culturales de corte elitista. Si dependiera de una lista limitada de suscriptores, la señal se vería inclinada a producir programas únicamente para el gusto de esos suscriptores, perdiendo esa diversidad tan distintiva.

La “universalidad” de pago también fomenta esta idea de unión nacional detrás de la BBC que cala hondo en la identidad británica. Porque esta organización también es unificadora: un escocés, un galés, un norirlandés y un inglés se sientan a las 6 de la tarde a mirar el mismo noticiero. La “universalidad” del pago obliga a la señal a considerar todas las voces y regiones del Reino Unido en su programación, representando esa diversidad nacional.

Otro gran argumento en contra concierne a su tamaño. Estos son los críticos que creen que su crecimiento debe ser controlado. Diferentes estudios señalan que el 50% de las noticias que reciben los ciudadanos británicos provienen de la BBC. Para muchos esto es demasiado: la BBC es muy dominante en una sociedad pluralista como la británica.

Eso también se relaciona a una crítica que se lanza con frecuencia contra la organización: muchos medios de derecha e incluso el gobierno conservador han acusado a la BBC de tener un leve sesgo hacia la izquierda. Si esto es cierto o no es una discusión para otro momento, pero quienes creen que es verdad tienen razones ideológicas para intentar opacar lo que ven como una voz rival que suena demasiado alto.

Los defensores dirán que en términos relativos, la BBC no ha crecido tanto. A la competencia con señales como ITV o Sky también se han sumado los gigantes de Internet – como Netflix, Amazon o Google – y si la torta creció, el pedazo de la BBC también lo hizo.

Otros argumentarán que es precisamente por eso, porque vivimos en un mundo donde la mayoría de los medios editorializa su periodismo y depende de intereses comerciales a través de la publicidad, que es necesario defender esa ambición a la objetividad que caracteriza al conglomerado británico. Mientras el imperio mediático de Rupert Murdoch crece, muchos valoran a la voz imparcial de la BBC sonando fuerte y claro.

El último argumento se relaciona con los anteriores. Si la sociedad británica depende del libre mercado para proveer la gran mayoría de sus servicios en diferentes sectores, ¿por qué continuar financiando una institución pública como la BBC? Ryan Borne, por ejemplo, miembro de un think-tank de centro derecha, ha llamado a privatizarla. Él argumenta que esto no significaría el final ni el desmantelamiento del multimedio, ya que éste tendría suficientes armas para competir en el mercado global.

El defensor dirá que la privatización llevará a que la programación dependa de la voluntad de un grupo de accionistas con sus intereses en mente. En este contexto, sería obvio que muchos programas de la BBC no serían rentables según la lógica de mercado; ya que es exactamente eso lo que muchos valoran de la señal: el no depender de ratings para sobrevivir es lo que le permite producir programas de calidad que no existirían de otras formas.

También se le devolverá el ataque ideológico al privatizador: es sólo por un compromiso cuasi-religioso con el libre mercado que el gobierno y aliados desean desmantelar a una institución colectivista que a los ojos de muchos merece ser preservada en su forma actual.

La mesa está servida, y el país a la espera de los resultados que publique la comisión investigadora. ¿Se revocará la obligatoriedad de la “T.V licence fee”? ¿Se obligará al multimedio a disminuir su tamaño? El año 2016 será una discusión constante entre el gobierno, el público y los periodistas respecto al futuro de esta institución tan querida por los británicos y admirada por el resto del mundo.

Jorge Sarasola es máster en Filosofía y Literatura Comparada de la Universidad de St. Andrews, Escocia. Actualmente vive ahí.

 



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