Santiago Maldonado, de 27 años, fue visto el 1 de agosto cuando era subido a un vehículo de Gendarmería durante el desalojo violento de una protesta de mapuches en la provincia argentina de Chubut (sur).
"Santiago fue perseguido por las fuerzas de Gendarmería y por lo tanto no pueden decir que no tuvieron nada que ver porque es responsabilidad del Estado, de (el presidente Mauricio) Macri y de (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich y a ellos les exigimos su aparición con vida", dijo Pérez Esquivel a Radio 10.
Bullrich dijo el lunes no tener indicios de la presencia de Maldonado en la protesta y la justicia informó que no pudo corroborar que haya sido arrestado.
El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, pidió la declaración de testigos y que la comunidad mapuche "facilite la búsqueda".
"Es un grupo con creencias muy particulares que no permite que se ingrese a determinados territorios para hacer una búsqueda profunda porque son lugares sagrados", dijo este martes a Radio Rivadavia.
El gobierno ofreció este martes una recompensa de 500.000 pesos (unos 27.500 dólares) por cualquier dato que ayude a econtrarlo. Su familia presentó tres hábeas corpus ante la justicia federal.
El lunes organizaciones de derechos humanos y agrupaciones opositoras reclamaron ante el Congreso por la aparición con vida del joven, en una manifestación que encabezó su hermano, Sergio Maldonado.
Según el hermano, los testigos dieron cuenta de que "a Santiago los gendarmes lo rodearon, lo golpearon y lo subieron a una camioneta", tras lo cual no se supo nada más de él.
Santiago, un artesano oriundo de la provincia de Buenos Aires pero que residía en Chubut, había ido a solidarizarse con la protesta mapuche que reclamaba por la libertad de su líder Facundo Jones Huala, preso en Argentina y requerido por Chile.
La desaparición de Maldonado llegó al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que exigió "la acción urgente del Estado para buscarle y localizarle" y para determinar las responsabilidades del hecho, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
AFP