El Caso Tassino fue denunciado por primera vez ante la Justicia a la salida de la dictadura, pero fue amparado por el presidente Julio María Sanguinetti en la Ley de caducidad en 1987. Su reapertura se solicitó en 2006, patrocinada por Ielsur en representación de los hermanos y los hijos de Tassino.
En marzo Ielsur emitió un comunicado público en el que exigía a las autoridades policiales el máximo esfuerzo para la conducción de Ferro a la justicia. Además ante la sospecha de su fuga del país, Ielsur presentó un escrito pidiendo su captura a nivel nacional e internacional.
El caso está a cargo del juzgado conducido por la jueza Dolores Sánchez que ya está tramitando la extradición de Ferro.
