El texto apunta a regularizar y mejorar "la condición social y humanitaria de esas personas no reconocidas como nacional por ningún país, y así asegurarles el libre ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales" establecidas en la carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En este proyecto se establece como apátrida no reconocido a la persona que "con frecuencia no puede acceder a derechos fundamentales y que no tiene documentos de identidad ni de viaje", y agrega que en base a datos de la ONU se estima que existen unos 10 millones de individuos en esa condición en el mundo.
Entre los diferentes tópicos incluidos en el proyecto se abordan los deberes y derechos que tendrían esas personas, los documentos de identidad a conceder y los necesarios para viajar, así como el cambio de condición migratoria y la asistencia administrativa.
Según la Presidencia, Uruguay definió en 2011 el compromiso de establecer un "procedimiento de determinación formal de la condición de apátrida, que conceda a las personas reconocidas como tales un estatuto consistente con los estándares internacionales."
