“La victima forma parte de la renovación y las reformas, no solo del proceso penal en sí sino de la concepción del delito”, explicó en No toquen nada Adriana Berezán, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu).
Berezán indicó que con la nueva normativa -que entró en vigencia el 1° de noviembre- se repara la situación que existía antes, en la que la víctima “no existía”, y ahora se toma al delito como un conflicto de partes. Mencionó que si un hecho afecta a dos personas, la nueva estructura apunta -en parte y en algunas circunstancias- a que los dos actores resuelvan su conflicto y dolor.
“Recorrió los medios y las redes un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, con el dueño de un boliche que recuperó los efectos del hurto y la persona que robó pidió perdón. Leía a quienes se empoderan de la moral ajena y la ética y decían: ‘¿¡cómo!? ¿¡Con pedir perdón alcanza!?’. ¡Y sí! Porque si a mí, que fui quien sufrió, me alcanza con que me mire a los ojos, me pida perdón y me devuelva las cosas, ¿por qué no tengo derecho a confiar en el otro?”, añadió.
Para la presidente de Adepu, el problema radica en “nuestra concepción de empoderarnos del dolor y el conflicto ajeno y ser quienes marquemos la vara”. “Este código le dice a las personas que intervienen: ustedes lo pueden resolver en determinados límites, marcos y delitos”, agregó.
También, habló sobre otro cambio en el nuevo código desde la perspectiva de la víctima y es que está previsto que esta que pueda proponer pruebas, solicitar prisión preventiva o embargo de bienes, y tiene derecho a oponerse a un pedido de sobreseimiento que realice el fiscal.
