Lo que se suspende con esta medida es la inscripción de nuevos vehículos, pero no el de nuevas aplicaciones o choferes.
El director del Departamento de Movilidad de la Intendencia, Pablo Inthamoussu, reconoció en NTN que detectaron situaciones que justifican esta decisión y que escaparon a la regulación aprobada en 2016.
"Si bien la norma está clara dejó algunas hendiduras y de alguna forma se han generado algunas situaciones que no están en el espíritu de la norma cuando se creó. Aparentemente tenemos los niveles de acuerdo político y social, porque lo hemos hablado con ellos también, para evitar que esto se transforme en un negocio para gente que quiera tener flotas de autos. Esto no está pensado así, la economía colaborativa", señaló.
"Hemos detectado algunas situaciones, se han sancionado, hemos encontrado también unos cuantos inmigrantes que están trabajando en esto. Para tener una licencia profesional categoría E tenés que tener dos años de antigüedad", agregó.
La Intendencia dice en el decreto aprobado que quiere realizar un estudio objetivo para determinar la situación del mercado de transporte público de Montevideo después del ingreso de las aplicaciones.
Inthamoussu dijo que, por ejemplo, existen dificultades para acceder a información objetiva y exhaustiva de la actividad de los taxímetros.
Incluso reconoció que la habilitación de chapas de taxímetros no tienen una fuerte base en datos objetivos.
"Un poco de percepción, no habían estudios acabados y también se basaba mucho en el diálogo y la negociación con el propio sector. Había una especie de autorregulación que funcionó durante algunos años pero que generó también por ejemplo la sobrevaloración de una chapa de taxi. Lo que ha pasado este año con esta nueva modalidad de transporte también tenemos algunas percepciones que queremos contrastar con el estudio de que realmente había una necesidad de satisfacero una mayor demanda de viajes", dijo.
Los choferes que están regularizados apoyan la medida de la IM, pero las empresas están en desacuerdo.
Uber emitió un comunicado que cita expresiones de su gerente general para el Cono Sur, Mariano Otero, quien dice que “de avanzar esta medida, en lo que queda del año, se excluirá a más de 3.500 personas de tener una oportunidad de ingreso, y se privará a los montevideanos de un auto cuando más lo necesitan y a la Intendencia obtendrá menores ingresos por la actividad”.
