En la exposición de motivos se plantea la necesidad de “hacer ajustes que permitan una mejor coordinación y trabajo conjunto entre policías, fiscales y tribunales”. Eso está planteado en los primeros cinco artículos que cuentan con acuerdo de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior.
Sin embargo, el resto del proyecto es de iniciativa del Ministerio del Interior y en su mayoría contiene limitaciones a varios elementos establecidos por el nuevo código.
El texto propone aumentar la aplicación de la prisión preventiva y hacerla obligatoria en muchos casos.
También se modifica el proceso abreviado y se excluyen de sus posibilidades la aplicación de la libertad anticipada y la libertad vigilada. Se elimina la posibilidad de la libertad anticipada para los delitos más graves y para los reincidentes, reiterantes y habituales.
El proyecto tiene la firma de 13 ministros y del presidente Tabaré Vázquez pero fue mencionado por el comunicado conjunto emitido por el Ministerio del Interior y la Fiscalía como “el proyecto de ley enviado por el Ministerio del Interior al Parlamento”.
En rueda de prensa el fiscal de Corte, Jorge Díaz, explicitó este miércoles con qué parte del proyecto de ley está de acuerdo.
“Los primeros cinco artículos recogen las modificaciones que la Fiscalía pensaba implementar. En la medida en que ese proyecto recoge nuestras expectativas en ese punto, decidimos no enviar un proyectos porque no tiene ningún sentido que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento dos proyectos con un contenido idéntico o muy similar”, dijo el fiscal.
