En abril, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) presentó un informe que decía que había hasta el día 5 de ese mes 34.108 personas habilitadas para acceder a marihuana de forma regulada. De ese total, 23.161 la consiguen a través de farmacias, 8.418 son cultivadores y 2.529 son miembros de los clubes habilitados.
En entrevista con No toquen nada en DelSol 99.5, Diego Olivera, secretario nacional de la Junta Nacional de Drogas (JND), y presidente de la junta directiva de IRCCA, dijo que el número de personas habilitadas es muy bueno en términos del avance de la política reguladora.
“El número es importante para saber cómo se va dando ese traspaso de personas que accedían al cannabis, que en Uruguay (por datos de 2014 de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas) son 147.000 personas mayores de 18 años que son usuarios activos de cannabis, es decir, que en los últimos 12 meses previos al estudio la usaron al menos una vez. Para que se cumpla el objetivo de esta política, necesitamos que esas 147.000 personas se adhieran en las condiciones que están previstas a alguna de las vías de acceso, y la cifra de 34.108 nos habla de esa evolución”, comentó Olivera.
Los 34.108 que acceden al cannabis legal representan el 23% de los 147.000 consumidores totales que estima que existen en el país el IRCCA.
El informe de la institución también dice: “se puede sostener que antes del primer año de implementación el mercado regulado alcanza al 54% de los usuarios de ‘marihuana’. Dicho de otra forma, aproximadamente la mitad de las personas que usan marihuana accede a cannabis regulado (estando o no registrado)”.
Consultado acerca de cómo llegaron a esa cifra, Olivera dijo que trabajan en base a estimaciones que se desprenden de la posibilidad de que personas no registradas lleguen al cannabis legal a través de quienes sí lo están.
“El uso compartido en el hogar está habilitado por la ley del cannabis (Nº 19.172), con lo cual es posible que de las personas que adquieren el cannabis regulado en farmacias, porque cultivan o porque lo reciben como miembros de un club se pueden potencialmente abastecer otras bajo el amparo de esta ley”, dijo. Agregó que toman el piso básico de los que están registrados y lo suman a “lo que podría considerarse como un derrame o un agrandamiento de esa cantidad de personas que acceden bajo el amparo de estas normas o reglas del juego que pone la ley”.
El texto del IRCCA indica que para la estimación se partió de datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas que indican que “los autocultivadores y miembros de clubes proveen de cannabis a otras dos personas, en tanto las personas que adquieren en farmacia comparten solo una persona más”.
Por otra parte, el artículo 34º de la ley de estupefacientes Nº 17.016 prevé una pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría para quien “sin autorización legal, a título oneroso o gratuito, suministrare, aplicare o entregare” sustancias estupefacientes o que determinen dependencia física o psíquica, “o promoviere, indujere o facilitare su consumo”. Olivera dijo que esta normativa no va en contra de lo que dice la ley del cannabis porque esta última “define la posibilidad del uso compartido en el hogar, no la distribución abierta o a personas con las que no hay un vínculo de cohabitación de la sustancia; allí está la diferencia”.
“Si tengo un cultivo en mi casa, tengo un excedente y empiezo a hacer una distribución generalizada, aunque no haya una transacción económica detrás de eso, un fiscal podría entender que existe una infracción a la ley de estupefacientes. Mientras esto se realice bajo el amparo del hogar -o también hay interpretaciones de que aplica a quienes mantengan relaciones de tipo personal y visiten el hogar de la persona-, está habilitado el uso compartido”, agregó el jerarca.
