Martín Fernández Chiossoni

No hay derecho

En las próximas horas en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores se debatirá sobre el futuro de la reforma procesal penal que rige en nuestro país hace apenas siete meses.

Actualizado: 27 de mayo de 2018 | Por: Martín Fernández Chiossoni

Es un eufemismo decir que se debatirá porque como ya ocurrió en otras ocasiones se pondrá brazo de yeso a un proyecto de “seguridad” que proviene del Ejecutivo.

El proyecto de contra-reforma se ha evaluado por parte de quienes dominan ampliamente la temática como un verdadero golpe de gracia a la reforma del proceso penal y, para peor, sin el más mínimo sustento empírico.

Ya sea porque aún no existe información de calidad, o bien porque la poca información con la que se cuenta no permite en modo alguno inferir el espíritu de esta contra-reforma que es que el nuevo proceso incide en la seguridad.

Los procesos de reforma son verdaderos terremotos en las instituciones y algunas luchan -más o menos explícitamente- para hacer sobrevivir el antiguo régimen más arbitrario, más oscuro y con más posibilidades para desarrollar prácticas poco democráticas.

Para muestra basta un botón, el viejo dicho “entran por una puerta y salen por la otra” con el proceso de reforma se transformó rápidamente en “si el fiscal no me manda no puedo hacer nada”.

Los datos de la Fiscalía señalan en la actualidad un nivel de investigaciones formalizadas –es decir de actuaciones judiciales- casi similar al que se tenía con el anterior régimen procesal. En todos los procesos de reforma latinoamericanos existió un periodo de estabilización de la nueva normativa, todos los sistemas requirieron de un tiempo de maduración y evolución. Sin embargo parece que en Uruguay se pretende ser ajeno a la realidad y se exige que el nuevo sistema procesal funcione a la perfección de forma inmediata. De todas formas debe destacarse que nada de lo proyectado obedece al campo del diagnóstico sino al terreno de lo especulativo lo que transforma a esta contra-reforma en algo poco serio.

De reformas en materia de política criminal sin sustento empírico estamos desbordados. Como también estamos desbordados de leyes que nacieron con la promesa de mejorar la seguridad y un día si y otro también decepcionaron ampliamente a la población.

Las dificultades con la implementación en general del nuevo sistema procesal penal no están vinculadas a la prisión preventiva o la libertad anticipada. En general los reclamos de los operadores refieren a condiciones laborales, carga de trabajo, ausencia de recursos humanos de apoyo a la gestión, es decir nada que se resuelva con las modificaciones proyectadas.

Por otra parte, llenar las cárceles no mejora la seguridad, ni siquiera pensando en el famoso dicho pan para hoy, hambre para mañana. Llenar las cárceles no es ni siquiera pan para hoy.

Y esto es lo que sucederá si se aprueba la reforma. Se generará una verdadera olla a presión penitenciaria que en modo alguno contribuirá a mejorar la seguridad, y que tarde o temprano va de estallar.

De aprobarse la modificación, el mensaje del Poder Legislativo es claro: “ustedes jueces y fiscales no tienen criterio ni el más mínimo sentido común y conocimiento del derecho para aplicar la prisión preventiva y la libertad anticipada por eso yo legislador digo cuando corresponde hacerlo preceptivamente”.

La gente está cansada y con razón, pero la clase política debe dar muestras de seriedad y compromiso con sus intentos de solucionar los problemas. Ni la reforma proyectada ni el manodurismo ramplón favorece a la gente.

Se debería interpretar mejor el reclamo, la población quiere que no la roben o la agredan o maten, y para disminuir esas posibilidades nada tiene que hacer la prisión preventiva o la libertad anticipada, ya que en ambos casos se trata de institutos que actúan cuando YA PASÓ el hecho.

Para disminuir esas posibilidades hay que trabajar en persecución penal estratégica, en dotar de más recursos humanos y materiales a los órganos de persecución, en mejorar las condiciones de aplicación y control de las alternativas a la cárcel y, de una vez por todas, dejar que se estabilice la reforma procesal penal sin utilizarla con fines políticos electorales.

Claro todo lo anterior exige un alto nivel de compromiso y trabajo sin estar mirando de reojo la urna. Cabe preguntarse entonces: ¿cuando esta contra-reforma fracase, quién será el próximo responsable?

No hay derecho.



Las opiniones vertidas en las columnas son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente posiciones del Portal 180.