Después de que la Asociación de Funcionarios Judiciales consiguió que un mínimo de 80% de los funcionarios comprendidos por el acuerdo firmara su adhesión al convenio alcanzado.
Se estima que el acuerdo tendrá un costo de unos 50 millones de dólares para el Estado uruguayo entre 2018 y 2019.
La ley votada establece la forma en que se cobrará el dinero que quedó pendiente durante el diferendo y el aumento salarial que implica a futuro.
También hace que los funcionarios judiciales sean equiparados con los trabajadores privados en materia de licencia por maternidad, medio horario para lactancia y cuidados parentales.
Para llegar a la firma del convenio el gremio realizó un plebiscito entre sus afiliados el 3 de enero donde votaron algo más de 2.500 funcionarios. En esa instancia el 58% de los votantes se pronunció a favor del acuerdo.
El acuerdo establece que los funcionarios recibirán un aumento de salario de 18,8% en lugar del 21,6% que establecía la sentencia y un pago por retroactividad e intereses inferior al que estableció la justicia.
Según cálculos realizados por el asesor económico del gremio, Alejandro Lagazeta -difundidos en la web de la Asociación- el acuerdo implica una renuncia parcial de los trabajadores que es del 13% en el aumento de salario y del 43,35% en el pago de la retroactividad y los intereses.
El año pasado el Poder Ejecutivo había llegado a un acuerdo con el resto de los colectivos afectados por el diferendo salarial, pero faltaba el acuerdo con los funcionarios y los actuarios que eran el grupo más grande y único con sentencia firme.
