En este 2018, cada menos de dos días, la Facultad de Derecho presentó una demanda por acceso a prestaciones de salud. Éste es el pico más alto desde que empezaron a presentarse en 2007, dijo el abogado Juan Ceretta, profesor adjunto de la clínica de litigio estratégico de la Universidad de la República, durante el Séptimo encuentro regional sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud.

“La judicialización no es la solución para esto, es un problema, pero termina siendo la última herramienta de los más desesperados ¿Hasta dónde llega la obligación en salud? Bueno, tenemos un parámetro claro, a propósito de la Constitución, que dice que la garantía en el acceso está para quienes carecen de recursos suficientes. Si tenemos un Estado millonario y podemos garantizarle todo a todo el mundo, fenómeno. Pero si no es así, la obligación constitucional es con los que menos tienen y eso coincide con el público que nosotros atendemos”, sostuvo el abogado.

"La obligación constitucional es con los que menos tienen y eso coincide con el público que nosotros atendemos". —Ceretta.

La clínica de la facultad de Derecho atiende a aquellas personas con ingresos por debajo de 32.000 pesos. La mayoría de los amparos que se presentan son por acceso a medicamentos de “alto precio”, así los llamó Ceretta, con la misma denominación que usan las autoridades y la academia.

Ceretta agregó que desde su visión —la de un abogado que trabaja como docente— no hay barreras para acceder a las prestaciones cubiertas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) , salvo excepciones. El problema está en los medicamentos que no están priorizados por Estado, porque en esos casos sólo acceden quienes tienen recursos.

Los amparos se presentan con un derecho Constitucional como fundamento. “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”, dice el artículo 44.

“Todos nos hemos transformado en indigentes”

Lucía Delgado, directora del Programa Nacional contra el Cáncer del MSP y docente Grado Cinco de Oncología Médica de la Universidad de la República, respondió al planteo de Ceretta y dijo que la judicialización no es el camino.

“Cuando ese artículo de la Constitución obliga a garantizar el acceso a los indigentes, los costos en salud hoy, particularmente en los medicamentos, son tan altos que ningún Estado o país del mundo puede garantizar el acceso a los indigentes, porque todos nos hemos transformado en indigentes. De manera que esa es la magnitud del problema y por eso son tan difíciles las soluciones. El mundo ha transitado un camino poco responsable, sobre todo los gobiernos de los países centrales, que permitieron que esto avance hasta un punto que ahora nos desafía de una forma tremenda”, sostuvo.

Delgado explicó que los gobiernos de los países centrales, en referencia a Estados Unidos y los europeos, fueron “irresponsables” porque dejaron el desarrollo y la investigación en manos de empresas que defienden sus ganancias.

"No podemos criticar a la industria porque desarrolle o genere aquello que le puede generar una rentabilidad importante". —Delgado.

“Si los gobiernos, y acá no me refiero solamente al nuestro, sino fundamentalmente al de los países centrales, han dejado la gran mayoría de la investigación en manos de la industria farmacéutica —en Estados Unidos es el 75%, en Europa el porcentaje es mayor y en América del Sur es casi el 100%— no podemos criticar a la industria porque desarrolle o genere aquello que le puede generar una rentabilidad importante. Pero sí tenemos que criticar a esos gobiernos que no han defendido, apoyado y mantenido la investigación independiente, que sea capaz de identificar, en este caso hablamos de medicamentos, tratamientos efectivos y asequibles en nuestras poblaciones y con nuestro sistema de salud”, afirmó.

Precio de los medicamentos especiales crece a un ritmo que duplica al resto

Los pacientes que no pueden acceder a una prestación médica primero reclaman en el MSP o FNR y cuando no logran nada por esta vía —la mayoría de los casos, según Ceretta— presentan amparo o van a juicio. Pero actualmente no solo crecen los recursos, también lo hacen los precios de los medicamentos.

“La tasa a la que crece el gasto en los medicamentos ambulatorios está en 4%, mientras que en los medicamentos especiales es 9%. Es decir, más del doble. Esto ocurre en cada región del mundo y está previsto que continue en los próximos años. Está claro que todo el mundo se enfrenta a una problemática de carácter global”, dijo Martín Wachs, integrante de la jefatura del gobierno argentino, quien trabaja en la coordinación entre el Ministerio de Salud y la Presidencia para el acceso a medicamentos en el país.

"Los medicamentos ambulatorios está en 4%, mientras que en los medicamentos especiales es 9%". —Wachs.

Wachs dijo que otro problema es la falta de transparencia. “Los laboratorios tienen estrategias globales, el ejemplo típico es la confidencialidad de los precios, que les permite discriminar precios por país y maximizar rentas, pero también esto está en la política de producción, de patentes, de diversificación. Mientras, los países han enfrentado este problema, en la gran mayoría de los casos, con respuestas nacionales”, afirmó.

Ante el aumento de precios y amparos judiciales, Álvaro Díaz, profesor agregado de Medicina Interna y auditor del FNR, se hizo una pregunta. “La escasez de recursos en salud es bastante frecuente, no solo en los medicamentos de alto precio. Entonces, supongamos que tenemos un CTI en el que están por darle el alta a una sola cama, pero hay cuatro pacientes esperando y uno de ellos presenta un recurso porque considera que esa cama le corresponde, ¿qué hacemos?”, sostuvo.