La prorrectora de Investigación de la Udelar, Cecilia Fernández, dijo a No toquen nada que “las modificaciones se refirieron fundamentalmente a los aspectos del decreto que invadían competencias de otros organismos, en particular de la Dinama. Sin embargo, a pesar de las modificaciones, todavía siguen existiendo aspectos que vulneran disposiciones contrarias a la especialización y la autonomía de la Universidad”, dijo Fernández.
Las disposiciones más controversiales del decreto son las que establecen varios requisitos para la obtención de permisos de pesca y las exigencias de autorización expresa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la Dinara, para la difusión y divulgación de los resultados de cada investigación.
Fernández explicó que desde la Universidad se entiende la importancia de los recursos pesqueros para el país y estableció un matiz entre comunicar resultados de investigaciones y pedir permiso para poder publicarlas.
“Hay un matiz entre comunicar los resultados y pedir permiso para publicarlos”.
“Estaríamos estableciendo una censura la investigación que, desde el punto de vista formal, no es aceptable”.— Fernández.
"Además pensamos que no es lo que el país quiere. Ojalá que esta historia sirva para mejorar”.
La impugnación del decreto no tiene efecto suspensivo por lo que la reglamentación se mantiene vigente e incambiada.
Fernández sostuvo que todas las condiciones que impone el decreto no permiten que la Universidad cumpla con sus cometidos: “La Universidad tiene entre sus fines impulsar y promover la investigación científica. Eso está establecido en la Ley Orgánica por lo que no es admisible que mediante un decreto se establezcan condiciones a eso”.
Varios investigadores de Facultad de Ciencias dijeron a No toquen nada que históricamente ha existido mucha discrecionalidad en el otorgamiento de los permisos y eso es lo que más preocupa.
Con más requisitos para los permisos y una exigencia de permiso expreso para difundir resultados, los científicos sienten que nadie conseguirá un permiso si la institución que lo otorga no quiere dárselo.
Otro de los puntos controversiales es que los permisos de pesca deberían pedirse para capturar casi cualquier especie acuáticas, lo cual constituye una limitante al trabajo, según Fernández.
“Es una diversidad de especies enorme de especies para las cuales habría que solicitar autorización, algo que los colegas también ven como una limitación. Además, no se distingue entre instituciones: puede ser aceptable que el decreto establezca procedimientos de carácter general para la obtención de los permisos, pero nosotros esperaríamos que para la Universidad hubiera algunos de esos requerimientos que no fueran necesarios”.
