La investigación del caso se inició el 28 de junio de 2017 cuando, a partir de una situación irregular detectada con una camioneta, se reunieron juez, fiscal y policía, y decidieron hacer un seguimiento con sistema de interceptación de comunicaciones El Guardián.
Luego, en enero de este año, la Intendencia de Paysandú, a través de su abogado Federico Álvarez Petraglia, presentó una denuncia escrita y se identificaron a varios autores de la maniobra.
“No se pudo demostrar que los funcionarios estuvieran vinculados a la expedición de licencias, pero sí en el espacio físico del hall de la intendencia hubo contactos de particulares o personas que iban a hacer consultas y fueron captadas para obtener una licencia falsa, en virtud de que no podían obtener una licencia legal”, explicó el fiscal Carlos Motta a canal 10.
En el pedido de enjuiciamiento del fiscal hay cuatro grupos de imputados. El grupo más grande es de 15 personas acusadas por uso de certificado público falso, ya que se beneficiaron de esas libretas. “Son particulares que obtuvieron licencias de conducir -como se anticipara- sin hacer el trámite legalmente instituido para obtener dicha habilitación legítima expedida por el organismo municipal. Dentro de este grupo, se puede diferenciar entre quienes intencionalmente obtuvieron el documento obviando el trámite legal e hicieron uso de él, y aquéllos que obtuvieron dicho certificado, sin que hicieran efectivo uso del mismo, o se encontraban en un grado de desinformación o vulnerabilidad tal, que generan duda razonable de una real percepción del injusto penal. Se imputará delito, únicamente a quienes hicieron uso intencional del documento en cuestión”, explica el fiscal.
"Se evidencia una actuación que excede el marco de discrecionalidad funcional, con una atención a contribuyentes o gestores amigos, a veces hasta fuera de horario, fuera del recinto municipal". —pedido del fiscal Carlos Motta.
Luego hay otro grupo que involucra a cuatro funcionarios públicos municipales, que serán enjuiciados por reiterados delitos de cohecho, o sea por recibir coimas. “Se encargaron de favorecer a diversos contribuyentes, reduciendo o suprimiendo multas o adeudos de patentes, manipulando el sistema sin estar autorizados para tales determinaciones, en algunos casos sin ningún respaldo o justificación, y en otros, creando justificativos ficticios (ej. resoluciones inexistentes). Asimismo, en algunos casos, logrando evadir el impedimento de expedición de libreta de propiedad, o en otros, de llegar a favorecer aspectos inherentes al trámite de habilitación para conducir, como ser, incidiendo en la acreditación del examen teórico. En su accionar, se evidencia una actuación que excede el marco de discrecionalidad funcional, con una atención a contribuyentes o gestores amigos, a veces hasta fuera de horario, fuera del recinto municipal, en un tráfico de influencias claramente perjudicial para el resto de los contribuyente -así como de la propia Administración- y que únicamente se entiende y explica, a través de la obtención de un provecho, que en varios casos, era distribuido, o por alternación de acciones dentro del ámbito administrativo de desempeño inherente a Tránsito, sin llegar a constituir propiamente una asociación para delinquir, al menos en cuanto al dolo típico de ésta”, explica el fiscal en su pedido.
Hay un tercer grupo que reúne a particulares acusados por el pago de los sobornos. “Valiéndose de la amistad personal de funcionarios municipales con desempeño en la Dirección de Tránsito, y recompensando la misma con determinadas ventajas o provechos, obtuvieron una atención diferencial en cuanto a gestiones, tiempos y beneficios para el propósito perseguido por cada uno de ellos”, dice Motta.
Por último, hay un grupo que será enjuiciado por falsificación y asociación para delinquir, estos son aquellos que enterados de la situación captaban personas para ofrecerles libretas. “Vieron en ello la posibilidad de montar su propio negocio. En ese sentido, supieron captar a diversas personas que querían hacerse de una licencia de conducir obviando el trámite municipal respectivo, con sus distintos requisitos, forma de pago y costos específicos”, explica.
