Borrelli se había negado a concurrir amparado en el secreto establecido en el Código Tributario, pero finalmente concurrió a explicar un informe que realizó en 2012 en que establecía que el empresario Francisco Casal no debía pagar una deuda con la DGI por 10 millones de dólares.
Este informe fue en el que se basó el expresidente José Mujica para condonar la deuda y pedir el archivo del caso. Este fue el único caso en la historia en el que Presidencia pide el archivo de un pleito de la administración tributaria.
En un llamado a sala en el Parlamento en 2014 el entonces ministro de economía Mario Bergara sostuvo que el de Borrelli fue el único informe jurídico que establecía que Casal no debía pagar la deuda, el resto de los informes sobre el tema afrimaban que sí debía.
El diputado colorado Adrián Peña, que es el denunciante en la comisión, dijo que Borrelli aseguró que su informe solo se basó en la jurisprudencia.
“Aclaró que él no tuvo ningún asesoramiento de tipo tributario. Ustedes saben que esta es un área especialmente compleja desde el punto de vista técnico. Fue preguntado sobre este extremo. Él no tuvo ningún asesoramiento de ningún tributarista, lo decide por su conocimiento como abogado pero no con el apoyo de nadie que sea especialista en la materia”, señaló.
Según Peña, Borrelli asumió que no tenía argumentos para asegurar que Casal tomaría acciones contra el Estado.
“Cuando redacta la eventualidad de que el Estado reciba algún perjuicio, es algo que él establece de forma en cada escrito pero que él no tenía elementos para advertir y mucho menos para decirle al presidente que Casal podría generar una demanda en contra del Estado uruguayo por el mantenimiento de determinados embargos. Ese extremo dijo que no lo conocía, que por una razón de forma en algunos escritos deja esta posibilidad abierta pero no porque él viera que esto iba a pasar”, afirmó.
