Principio de confianza y pericias forenses: claves en caso de niño que murió en cumpleaños

Tres personas fueron procesadas sin prisión por la muerte de un niño que fue encontrado envuelto en un inflable al final de una fiesta de cumpleaños en diciembre de 2016. El juez no encontró argumentos para procesar a los padres que contrataron la organización del evento.

Actualizado: 07 de noviembre de 2018 —  Por: Emiliano Zecca

Principio de confianza y pericias forenses: claves en caso de niño que murió en cumpleaños

adhoc©Santiago Mazzarovich

El juez Tabaré Erramuspe procesó a dos personas que organizaron una fiesta de cumpleaños por homicidio culposo y a otra por encubrimiento, ya que ocultó filmaciones vinculadas al caso.

La causa se inició en diciembre de 2016 cuando un niño de cinco años, que fue llevado por su padre al cumpleaños de un compañero de escuela, fue encontrado al final de la fiesta dentro de un inflable que ya se había enrrollado. El evento se realizó en un local contratado por los padres del niño que cumplía años.

El juez no encontró argumentos para procesar a los padres que contrataron los servicios del local porque consideró que no se les podía achacar una actitud “descuidada y prescindente”.

El principio de confianza

El juez explicó en su procesamiento que los padres del niño que cumplía años, al contratar a una empresa para el festejo, “no hicieron otra cosa que, en base al principio de confianza, asumir el riesgo de confiar en la estructura organizacional de la contratada y en el rol que ella iba desarrollar”.

“Buscaron una empresa que les ofrecía distintos niveles de ofertas en relación a la conmemoración de eventos. Seguramente analizaron las alternativas, las referencias, y en definitiva lo contrataron para la organización del cumpleaños. Ahora bien ¿ello los pone a cubierto de cualquier conducta? ¿les permite adoptar una actitud egoísta y prescindente? El Juzgado cree que eso se responde de una única manera: no ¿Entonces la conducta desplegada por ellos es punible penalmente por omisión de cuidado? No lo es y no lo es en aplicación del principio de confianza”, afirmó el juez.

Erramuspe consideró que no es posible exigirle a los padres un cuidado distinto al que tuvieron. “Un standard de cuidado y vigilancia superior al aplicado tornaría imposible la realización de cualquier evento de cualquier orden. No podría realizarse ninguna actividad de ninguna índole si a cada interactuante social se le exigiese el control de todos y cada uno de los eventuales riesgos. No es, se entiende, una actitud antijurídica reprochable penalmente el contratar una organización a efectos de que organice y conduzca un evento familiar”, explicó el juez.

Y a su vez, sobre este mismo punto, Erramuspe dijo lo contrario sobre los organizadores del evento, a los que les adjudicó una exigencia “diametralmente” distinta, ya que “por omisión impropia quebrantaron el rol que habían asumido”.

El juez consideró que haber encontrado muerto al niño dentro del inflable era un dato objetivo de la omisión del cuidado “imprudente, negligente e imperito de los mismos”, más allá de que no se pudo determinar una causa y el momento exacto del fallecimiento.

Además, Erramuspe dejó sin efecto el argumento de la defensa de los acusados, que le achacaba al padre de la víctima no haber avisado a los organizadores del evento que su hijo padecía epilepsia. El juez no lo consideró un factor que pudiera justificar el comportamiento “culposo omisivo” de los procesados.

Diferencias entre forenses

El juez explicó en su fallo que debía determinar si en la muerte del niño había responsables o si, en cambio, todo se debió a un hecho fortuito. En este punto las pericias de los tres forenses que actuaron en el caso fueron centrales.

Erramuspe destacó que los tres peritos coincidieron en que era imposible establecer el momento del fallecimiento del niño con las pruebas disponibles. Por eso no se logró determinar si la víctima murió por haber sido enrollado en el inflable y eso abrió la posibilidad a diferentes interpretaciones sobre las causas del fallecimiento.

La primera forense que actuó en el caso fue Jacqueline Cano, quien realizó la autopsia de la víctima y luego elaboró sus conclusiones, a partir del estudio anatomo patológico y toxicológico. En su informe determinó como posible causa de muerte la “asfixia” y consideró como “factores contribuyentes la patología de base epilepsia, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y los niveles en sangre de Clobazam” del niño.

Luego, la defensa de los dueños del local, patrocinada por Alejandro Balbi, contrató al perito forense Guido Berro para que realice un informe del caso. El médico concluyó como hipótesis más probable de causa de muerte, a partir de las pruebas, un fallecimiento inesperado por epilepsia, “favorecido por la medicación depresora y, prácticamente, descartando la asfixia mecánica por sofocación facial”.

Berro destacó que el niño tenía una sobredosis cinco veces superior a la dosis del fármaco Clobazam. Además, dijo que había ausencia de máscara equimótica y signos claros de asfixia mecánica.

La tercera pericia fue aportada por el forense Hugo Rodríguez, a pedido de la defensa de los padres de la víctima. En este caso, el médico concluyó que la principal hipótesis, con una “interpretación armónica y racional de todos los elementos disponibles”, es una muerte por asfixia mecánica. Además, a diferencia de Berro, Rodríguez sostuvo “las hipótesis de muerte súbita de la epilepsia o de intoxicación aguda por clobazam no pueden sostenerse como la causa básica de la muerte”.

Rodríguez afirmó también que la hipótesis de muerte por asfixia es coincidente con lo informado por la médica forense y la patóloga. “Tanto los hallazgos del lugar del hecho, como de la autopsia y de la anatomía patológica orientan a una muerte asfíctica. En efecto, el cadáver presentaba un evidente síndrome asfíctico general, bien conocido en Medicina Forense, como lo demuestran un conjunto de hallazgos que están fuera de controversia”, expresó el forense.

Encubrimiento por ocultar parte de la filmación

El salón de eventos donde se realizó la fiesta contaba con cuatro cámaras fijas, que grababan las 24 horas del día todo el año, adquiridas a una empresa que tenía acceso remoto a las grabaciones. Sin embargo, no existía un contrato por el que esta empresa estuviera obligada a prestarle un servicio al local.

Al día siguiente del hecho, la persona que fue procesada por encubrimiento se comunicó con un empleado de la empresa que brindaba el servicio de cámaras para acceder a la grabación de lo sucedido. Una vez que lo logró y luego de cuatro horas de ese primer contacto, volvió a llamar para preguntar cómo hacía para bajar esa grabación y lo hizo de manera “enfática”, destacó Erramuspe en el auto de procesamiento.

Esta persona que hizo la gestión para acceder a las grabaciones luego aportó las filmaciones en la causa, pero el juez concluyó que no había dudas de que existieron imágenes grabadas que no fueron brindadas a la justicia. Las explicaciones del acusado por encubrimiento sobre que no existían más grabaciones no convencieron al juez, quien lo consideró un “estorbo” a las investigaciones.

Incluso, el médico forense Hugo Rodríguez hizo referencia a este hecho en su pericia y sugirió que, ante la falta de los registros de las cámaras que hubieran mostrado directamente cómo se produjo lo sucedido, una diligencia de reconstrucción in situ podría aportar elementos que contribuyeran a un mayor esclarecimiento de los hechos.