El caso judicial que cerró el corralito mutual: algo más que una estafa al Fonasa

La decisión de suspender el periodo de movilidad de usuarios entre prestadores de salud se justificó por la estafa que sufrió el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en 2017, según el gobierno. Pero el caso, que todavía no se cerró, también afectó a otras áreas de la seguridad social.

Actualizado: 01 de diciembre de 2018 —  Por: Emiliano Zecca

El caso judicial que cerró el corralito mutual: algo más que una estafa al Fonasa

Adhoc ©Ricardo Antúnez

En 2017 se inició la causa judicial que se conoció como “estafa al Fonasa”. Casi dos años después, la jueza Julia Staricco procesó a 32 personas, la mayoría fueron condenadas y en algún caso la sentencia se confirmó en un Tribunal de Apelaciones. Además, hay una parte de la investigación que está en presumario a partir de denuncias aportadas por el Banco de Previsión Social, o sea que podría haber más involucrados.

La investigación alcanzó incluso a funcionarios de instituciones de salud, como es el caso de quien era jefe de ventas del Círculo Católico y edil por Canelones del Partido de la Gente, Álvaro Puerto, procesado por fraude y estafa.

Fuentes judiciales dijeron a No Toquen Nada que este es un caso complejo y por eso requirió un trabajo coordinado entre la policía, el Poder Judicial y otros organismos del Estado que aportaron información. Está bajó el código del proceso penal anterior, tuvo dos cambios de fiscal y actualmente está Daniel Gutiérrez al frente del caso.

Lo central que se comprobó en la investigación es la creación de empresas fantasmas, que se usaban para ingresar personas al sistema mutual y así cobrar subsidios por desempleo o enfermedad cuando no les correspondía. El “negocio” era repartir el dinero entre quienes se prestaban para la maniobra y sus autores. Con esa estructura se estafó al BPS, pero también al Fonasa.

Las instituciones de salud que fueron investigadas y en algunos casos se encontró responsabilidad, se sirvieron de estas empresas fantasmas para recibir socios y cobrar la cápita. Además, a algunos de esos aportantes falsos les dieron dinero para afiliarlos y por eso hay condenas por intermediación lucrativa, que es pagarle a personas para que elijan una institución.

No solo el Círculo Católico fue investigado en esta causa, también el Casmu y la Médica Uruguay fueron denunciados, pero en ambos casos no se comprobó ninguna responsabilidad de sus funcionarios, aunque el trabajo judicial continúa. En estas semanas hubo reuniones entre la jueza, la jefatura y la dependencia policial del crimen organizado para retomar la causa.