AIN: faltan controles en prestaciones a víctimas de terrorismo de Estado

Hay personas que están recibiendo prestaciones de salud como víctimas de terrorismo de Estado que no cumplen con las condiciones previstas por la ley para ser beneficiarios.

Actualizado: 11 de junio de 2019 —  Por: Redacción 180

AIN: faltan controles en prestaciones a víctimas de terrorismo de Estado

Sede de ASSE (©Javier Calvelo/ adhocFOTOS)

Así lo señala un informe de la Auditoría Interna de la Nación sobre la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado que funciona en la Administración de Servicios de Salud del Estado.

Según el informe no se puede asegurar que “las prestaciones pagadas hayan sido efectivamente brindadas y cumplan con la calidad correspondiente” ya que la Oficina no cuenta con información para realizar un seguimiento entre los beneficiarios, prestaciones otorgadas y gastos asociados.

La cantidad de prestaciones a víctimas de terrorismo de Estado va en aumento. Pasó de 252 en 2012 a 1236 en 2017. El MSP pasó de pagar 1 millón de pesos a pagar 10 millones en 2017.

Para la AIN reciben prestaciones personas que no reúnen las condiciones y no hay control de que esas prestaciones pagadas hayan sido efectivamente brindadas y cumplan con la calidad correspondiente.

La Ley 18.596 2009, estableció el derecho de las víctimas de terrorismo del Estado a recibir prestaciones de salud en forma gratuita y vitalicia. Las prestaciones consisten en asistencia psicológica y psiquiátrica, odontológica y farmacológica, que garanticen la cobertura integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Según dice la AIN, el Decreto 297/010 excede lo dispuesto por la ley ampliando el universo de beneficiarios, incluyendo también a todas las personas amparadas en la Ley 18.033 y a los hijos y nietos del conjunto de beneficiarios de ambas leyes. El universo de beneficiarios que reciben prestaciones relativas a apoyos científicos y técnicos es mayor al previsto por la norma que crea el beneficio, dado que se extiende el derecho a hijos y nietos de las víctimas directas.