Gil explicó que en el texto se propone aplicar medidas de control de debida diligencia simplificada, o sea controles más leves para todas las operaciones que se efectúen con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay.
Para Gil esto es un retroceso.
“Lo he dicho de una manera poco delicada, sobre todo en lo que tiene que ver con el artículo 220 del proyecto, el que dice que se aplicará la “debida diligencia simplificada” para todo lo que venga del sistema financiero. Yo he dicho que el que redactó eso no tiene mucho interés en controlar el lavado de activos”, afirmó.
El nuevo secretario antilavado es el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.
Chediak sucedió a Daniel Espinosa, quien también criticó estas modificaciones en un artículo que escribió recientemente.
Espinosa afirmó que “el espíritu que sustenta esta propuesta presenta cierta dosis de ingenuidad, ya que parece desconocer la innumerable cantidad de casos y tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se han originado (y se originan permanentemente) utilizando entidades que integran el sistema financiero, a pesar de los sistemas de prevención que han sido implementados tanto a nivel nacional como internacional”.
Gil y Espinosa dijeron que esta modificación va en contra de los compromisos internacionales asumidos por Uruguay.
Este lunes Chediak defendió los cambios. “Respetan los compromisos asumidos por la República Oriental del Uruguay porque el esquema básico de esas 70 y pico de normas legales y 100 y pico de artículos del decreto reglamentario se mantiene. Se sigue basando en el análisis de riesgo”, afirmó.
