La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Urgente Consideración. El domingo a la madrugada se terminaron de votar los 478 artículos, que pasarán al Senado para que termine de aprobar la ley. Fueron cuatro jornadas de 15 horas cada una. Se iba discutiendo por capítulo y, como pasó en el Senado, uno de los más debatidos fue el primero, el de normas penales (procesales y policiales también).
Como no se discutió artículo por artículo sino el capítulo en general, el debate se centró en las generalidades, sobre todo en la política de inflación penal.
La inflación penal del FA según el oficialismo
El diputado Alejo Umpiérrez del Partido Nacional fue el primero en hablar. Cuestionó los resultados en seguridad de los gobiernos del Frente Amplio. Dijo que no pueden argumentar que el incremento de penas no es la solución a los problemas de seguridad porque incrementaron las penas en los gobiernos pasados.
Dijo que el Frente Amplio tropieza con su propio discurso y que en los últimos años se aprobaron seis leyes que constituyeron aumentos de penas: abigeato, narcotráfico, narcomenudeo, más pena para los menos que rapiñan y homicidio intencional.
“Ese era el pensamiento del Poder Ejecutivo de la época”, afirmó. Todas estas leyes o proyectos de ley con aumento de penas son de gobiernos de Frente Amplio.
También habló el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía, y dijo que fue él que escribió el proyecto de ley que envió el Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi al Parlamento.
“Yo mismo participé, junto al fiscal de Corte actual, del proyecto de ley que envió el presidente Mujica, aumentando las penas para los menores infractores a 10 años. Eso vino, señores, con la humildad que no me caracteriza de mi puño y letra”, afirmó.
El proyecto finalmente no se aprobó.
El diputado Ope Pasquet argumentó los cambios penales con declaraciones de jerarcas de anteriores gobiernos. Dijo que la intención de darle a la policía más potestades se justificaba por lo que había dicho el ex director Nacional de Policía Mario Layera en una nota al diario El Observador en 2018: “hemos caído en una anomia social donde no se cumplen las leyes ni nadie quiere hacerlas cumplir”.
También en declaraciones del ex director de Convivencia del Ministerio del Interior Gustavo Leal.
“No construyamos falsas oposiciones. Queremos mejor acción policial, mejor justicia, mejores políticas sociales que también fracasaron”, señaló.
La defensa del FA
En el Frente Amplio nadie hizo un discurso a favor del aumentos de penas ni sobre las leyes que se votaron cuando eran gobierno. Pero varios se hablaron del tema de distintas formas.
El diputado del MPP por San José, Nicolás Mesa, dijo que no se trata que las medidas propuestas incrementan las penas, sino que las medidas son inadecuadas.
“Ciertos cambios que acá se proyectan nos hacen temer que cuando las consignas pasen y las realidades queden, tengamos una sociedad frustrada por los magros resultados, una sociedad más violenta y encima con menos libertades y garantías”, opinó.
Alejandro Sánchez, también del MPP, defendió el argumento de que la inflación penal no ha dado resultados en la baja del delito y que esa es la postura del Frente Amplio.
“Lo que está demostrado en el mundo es que la incidencia del delito no tiene una relación exacta con el aumento de las penas. Un rapiñero no evalúa si le van a corresponder cuatro o cinco años. En realidad se combate el delito y la violencia desde la educación, los valores, tener una policía activa, inteligente, con tecnología que le permita actuar antes que los delincuentes. Esa ha sido la posición que ha sostenido el Frente Amplio”, afirmó Sánchez.
Por otro lado el diputado Gonzalo Civila se desmarcó de las leyes de aumento de penas que se votaron en los gobiernos anteriores del frente amplio.
“Soy de los cree que cometimos errores en esta materia”, dijo. “En los 15 años de gobiernos del Frente Amplio hubo aumento de penas. Y entonces, si eso no dio resultado, si eso fracasó antes de los gobiernos del Frente Amplio, durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿por qué insistimos y profundizamos el mismo camino?”, preguntó.
El debate de fondo: inflación penal
Quién defendió la inflación penal fue Zubía, que apeló a su experiencia como fiscal de adolescentes. Dijo que en la práctica es necesario el aumento de penas.
Zubía contó que, por ejemplo, en el caso de un adolescente que mató a un almacenero de 11 puñaladas, el juez le da un año y medio de reclusión porque si no se queda sin margen para abordar el caso de otro adolescente que tenga tres homicidios en su haber.
“Yo he tenido homicidios de comerciantes donde el menor infractor cumplió 10 meses de reclusión. Un absurdo a todos los premios”, afirmó.
Iván Posada, del Partido Independiente, cuestionó el aumento de penas como búsqueda para disminuir los delitos. Además recordó la advertencia que hizo el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, de que el aumento de penas podría empeorar la situación de un sistema carcelario que ya está colapsado.
Posada dijo estar convencido que este no es el camino. “Si algo tenemos presente es que gobierno tras gobierno hubo un aumento del delito y un crecimiento en lo que tiene que ver con la visión subjetiva, es decir la sensación de peligro y miedo. Estamos convenidos porque la evidencia durante todos estos años es que a través del aumento de penas no se ha logrado mejorar las situaciones de inseguridad pública”, señaló.
Los cambios
Legítima defensa
Se incluye que se configura la legítima defensa:
- “con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona”
- en las zonas urbanas: los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines, garajes
- zonas suburbanas o rurales: los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento
- en un establecimiento que desarrolle actividad comercial, industrial, o agraria
- Para los funcionarios policiales y militares
Homicidio
Se incluye en los homicidios especialmente agravados a los funcionarios militares. Hasta ahora estaban los jueces, fiscales, funcionarios policiales y guardias de seguridad privada, esto último se incluyó en diputados
Violación
La ley actual establece que el delito se configura cuando se ejerce con una persona menor a 15 años y admite prueba en contrario cuando la víctima tenga más de 12 años. El proyecto del Ejecutivo elimina la prueba en contrario, en el Senado se vuelve a poner a partir de 13 años, pero que no exista entre la víctima y el victimario más de 8 años de edad de diferencia.
También se agrega que se configura violencia mediante abuso de las relaciones domésticas. Además incrementa la pena de mínima de 2 a 3 años, y la máxima de 12 a 17 años.
Abuso sexual
Se incrementa la pena mínima de 8 meses a 2 años, y la máxima de 6 a 12 años. También se cambia la prueba en contrario de forma similar al delito de violación
Abuso sexual especialmente agravado
Se incrementa la máxima de 12 a 16 años. En la legislación existe la tentativa que el Ejecutivo quería derogar, pero el senado lo volvió a incluir.
Receptación de armas o implementos (chalecos, balas)
Se fija una mínima de 2 años (3 en el caso que provengan de un policía, militar o de las empresas de seguridad privada).
Delitos contra inmuebles o muebles
Se crea un delito para aquel que rompa algo en alguna dependencia policial o del INR. Doce meses la mínima, seis años la máxima.
Agravio a la autoridad
“El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial será castigado con 3 a 18 meses de prisión” Los diputados incluyeron una excepción. “No serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial”.
Auto evasión
La ley actual establece que: “el preso o detenido se evadiere empleando violencia en las cosas, será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría”. La LUC lo que hace es sacarle la expresión “empleando violencia en las cosas” y lo penaliza sin violencia. Para el caso que se utilice violencia se considera un agravante y lo penaliza con 12 meses de prisión a 5 años de penitenciaría
Agresión a trabajadores de la educación, la salud y el transporte
Se crea el delito con multa de hasta 80 UR (unos $100.000) o prisión equivalente.
Resistencia al arresto
Se crea el delito con penas del doble, tanto en mínima como en máxima, a las del delito de desacato
Encubrimiento y complicidad
Se crea un agravante de “encubrimiento” para las rapiñas, copamientos, secuestro y receptación. Lo mismo hace para el delito de complicidad.
Ocupación indebida de los espacios públicos
Se quita las dos primeras intervenciones que establece la ley actual, a partir de ahora el proceso se iniciará ante el primer traslado. Las personas que ocupen lugares públicos serán trasladadas a una dependencia del Mides y avisando al juez.
Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.
