Desde que se desató la polémica por la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 el nombre del ex canciller Gonzalo Fernández ha sido señalado como uno de los que promovió esa decisión. En 2008, Fernández argumentó a favor de esa derogación que luego posibilitó la clausura de la causa de los Peirano por parte del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el experto en Derecho Penal ha sostenido que esa decisión del Tribunal fue equivocada y que la Suprema Corte de Justicia puede revocarla.
Sin embargo, según informa este viernes Brecha, la pareja del ex canciller, también abogada e integrante del estudio de Fernández, Cecilia Salhon, defendió a uno de los acusados en este expediente del Banco de Montevideo, Juan Domingo Ratti. Y en 2008, luego de derogado el artículo 76, presentó un recurso ante el Juzgado Penal de 7º Turno para que se clausurara la causa contra su defendido. El argumento era que el Parlamento había derogado la figura penal por la que estaba procesado Ratti.
Lo mismo hicieron los abogados de Jorge, José y Dante Peirano.
Salhon, además de abogada del estudio de Fernández, era asesora de la bancada socialista y colaboradora cercana del diputado Gustavo Bernini.
El viernes 13, Brecha publicó otra nota en la que afirmaba que el senador Sergio Abreu había presentado el proyecto de ley que derogaba el artículo 76 de la Ley 2.230 como una “gauchada” a Gonzalo Fernández. Esto motivó la presentación de un “asunto de fueros” por parte de Abreu en el Senado el martes 17. Allí Abreu dijo que no le hacía gauchadas a nadie y que no había presentado el proyecto de ley a pedido de Fernández.
El ex canciller, que ingresó a la sesión como senador ya que es suplente de Daniel Martínez, dio por buenas esas afirmaciones y dijo que la expresión de “gauchada”, entonces, corría por cuenta de Brecha. Luego de la sesión, Abreu dio una conferencia de prensa y tras algunas dudas reconoció haber dicho lo que Brecha publicó.
El periodista Walter Pernas, autor de los artículos de Brecha junto a Samuel Blixen, contó a No Toquen Nada que en 2008 Fernández le dijo explícitamente al diputado blanco Álvaro Lorenzo que la derogación no afectaba la causa de los Peirano porque “ya la Fiscalía pidió la condena por insolvencia societaria fraudulenta, por tanto la carátula cambió, no va a pasar nada”, según parafraseó.
“Gonzalo Fernández por un lado, como canciller pero siempre como penalista, asesora de alguna manera a los diputados diciéndole 'no va a pasar nada con el caso Peirano' y, semanas después, desde su Estudio de Abogados se pide la clausura de los procedimientos del caso Peirano para defender a Juan Domingo Ratti”, afirmó Pernas.
El periodista también cuestionó que Fernández haya dicho que los hermanos Peirano no quedan sin antecedentes penales tras la clausura de la causa. “Yo hablé con varios jueces y varios ministros de la Suprema Corte. Quedan como lo que se llama 'primarios legales', pero primarios al fin. Se benefician de todo lo que se beneficia un primario. Si vuelven a cometer un delito, el juez verá si lo manda a la cárcel o no. Los primarios tienen esa posibilidad de no ir a prisión la primera vez que son procesados, aunque el delito sea muy grave”, dijo Pernas.
