El proyecto fue presentado en julio de 2009 por los diputados Pablo Álvarez y Juan Carlos Souza y ahora pasó a discusión en comisión y en forma paralela se distribuyó en el Parlamento para informar a los legisladores. Según contó Álvarez, la situación se hizo visible por un informe de la periodista Florencia Melgar en No toquen nada, donde una mujer embarazada de 35 semanas contaba que pidió varias veces que la dejaran pasar para ser atendida cuando fue a renovar su credencial en la Corte Electoral y en todo momento le dijeron que no.
En la exposición de motivos del proyecto se expresa que “la situación se hizo concretamente más visible a partir de los sucesos públicamente conocidos que sucedieron días atrás en la Corte Electoral, cuando al cierre del período de inscripciones de nuevos ciudadanos electores y de traslados departamentales, se formaron largas colas en el entorno del recinto de la Corte. Dicho vencimiento generó situaciones en las que mujeres en estado de gravidez debían esperar paradas durante varias horas -al igual que otros ciudadanos-, pero en el caso de ellas exponiéndolas a una situación que podría afectar o comprometer su salud”.
Esta ley obliga a que se priorice “la atención a mujeres embarazadas, personas con discapacidad física o adultos mayores y se establece la obligación de brindar información adecuada para personas con discapacidad auditiva e hipoacusia” en las dependencias públicas y entidades privadas.
Álvarez dijo a No toquen nada que había disposiciones escasas, pero ninguna que atienda realmente la situación. “Lamentablemente estábamos precisando una ley. Entendemos por experiencia generacional que en otros tiempos estas eran normas claras de comportamiento y surgían de forma espontánea, pero con el paso del tiempo, vaya a saber uno por qué, dejó de pasar”, dijo. “Lo mejor sería que nuestro cuerpo legal no tuviera esta norma, pero mientras tanto tendremos que obligar a que estas personas no sean demoradas y quienes se vean vulnerados van a poder presentar una denuncia amparados en esta ley”, agregó.
Las multas que se recibirán por no cumplir con esta norma van casi hasta 100.000 pesos y, además, habrá un registro de las empresas que incurran en este tipo de discriminación.
