Estas audiencias, que derivarán seguramente en una condena al Uruguay por la Ley de Caducidad, explican el apuro del Frente Amplio por aprobar la ley interpretativa que acaba de entrar al Parlamento. Con esta postergación aumenta el margen de tiempo para que Uruguay pueda llegar al momento de la condena con la ley que elimina los efectos de la caducidad aprobada.
Con el cronograma tentativo actual de la bancada del FA, la ley interpretativa podría estar aprobada en diputados el 19 de octubre. En ese momento entraría a Senadores, donde varios legisladores oficialistas ya han manifestado sus reparos.
En su momento, cuando se planteó el proyecto de ley interpretativo que busca dejar sin efecto la ley de caducidad sin derogarla, hablamos con Daoiz Uriarte.
El abogado frenteamplista que participó de la comisión especial del FA que elaboró el texto mencionó cuáles podrían ser las consecuencias de recibir la condena de la Corte sin tener aprobada una ley que elimine sus efectos. Podrían ser “consecuencias económicas, consecuencias políticas y yo diría consecuencias éticas o de imagen”, afirmó.
“El Uruguay es un país que internacionalmente es respetado por su tradición democrática y por su respeto a los derechos humanos, salvo en el período de la dictadura. Para Uruguay es realmente una afectación muy fuerte ser condenado por la violación de un pacto del que el país fue una de los principales promotores. Nuestros juristas fueron los que lo llevaron adelante, los que presionaron para que aceptaran esas garantías a los derechos humanos. Y consecuencias políticas porque obviamente si fuéramos condenados y no actuáramos de acuerdo a la condena, que es dejar sin efecto esta ley, estaríamos siendo unos incumplidores permanentes y eso podría tener consecuencias en el relacionamiento con los otros países”, agregó.
