El trabajo del comité se ha organizado en ocho áreas: el objeto de aplicación de la ley y sus objetivos generales; las adjudicaciones, controles y sanciones en materia de licencias; la competencia, la diversidad y la concentración; el sector público estatal; el sector privado comercial; el sector social comunitario; los derechos de las audiencias, los contenidos, la infancia, la adolescencia, la discapacidad y la producción nacional y local, las regulaciones, autorregulaciones y estímulos, y los derechos de los consumidores; y el diseño institucional, los organismos de aplicación y los mecanismos de participación social.
Según Kaplún, el clima de trabajo “ha sido muy bueno”. Existe acuerdo en cuanto a que la ley abarcará “servicios de comunicación audiovisual”, independientemente de los soportes específicos. También se debe avanzar en mecanismos más claros y transparentes para la adjudicación de frecuencias.
En cuanto al sector público, Kaplún dijo que “no debe tratarse de un sector de medios gubernamental, se debe encontrar un sistema de gestión adecuado y avanzar a un sistema de financiamiento mixto (público – privado) más claro que el actual”.
Los integrantes del CTC también consideran que es adecuado que la ley incorpore la figura del defensor de audiencias, ya sea a nivel nacional como dentro de cada empresa.
Kaplún expresó que existe acuerdo sobre la necesidad de ampliar la oferta de productos audiovisuales, en contraposición a restringir productos. “No se trata nunca de decirle a alguien que no, sino de decirle a muchos más que sí”. Sin embargo, el sector empresarial ha discrepado con la idea de adjudicar frecuencias y licencias con plazos. Esa es la idea mayoritaria dentro del CTC tomando como ejemplo distintas legislaciones.
“Un punto de acercamiento posible es establecer plazos diferentes para distintos tipos de servicios, ya que no es lo mismo el retorno de una inversión para instalar una empresa de radio que una de televisión”, opinó.
Otra diferencia está en los temas de competencia, diversidad y concentración. “Hay quienes piensan que hay que avanzar mucho en este sentido y quienes piensan que alcanza con la legislación existente de defensa de la competencia y el consumidor”.
