“La postergación de la consideración del proyecto en Diputados es útil para que todos pensemos cómo se pueden evitar esas consecuencias políticas negativas y al mismo tiempo, permitir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Astori en entrevista con El País.
El vicepresidente recordó que él apoyó la derogación de la Ley de Caducidad pero que el Frente Amplio decidió tomar otro camino que él apoyó por disciplina. “La derogación puede integrar un camino alternativo, pero habría que complementarla con la tramitación de la inconstitucionalidad, que permita resolver los casos que fueron archivados. El constitucionalista Martín Risso (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica) señaló que se pueden revocar actos administrativos de gobiernos anteriores que dispusieron que determinados casos quedaban comprendidos dentro de la Caducidad. Ese camino es incluso más ágil que el que yo había propuesto, porque consiste simplemente en elaborar un decreto del Poder Ejecutivo”, señaló.
Para Astori, está en juego la credibilidad del Frente Amplio. “Tendríamos que darnos cuenta que está en juego la credibilidad de una fuerza política. Históricamente, el Frente Amplio A ha recurrido frecuentemente a las consultas populares y no sólo ha confiado en ellas, sino que al mismo tiempo ha entendido que han tenido consecuencias para el país”.