Jorge Iribarnegaray, adscripto a la Dirección de Aduanas, dijo que esto responde a una política impulsada por esta gestión que comienza a dar resultados este año. La idea es aplicar políticas de sentido común, sin castigar al que va a hacerse el surtido familiar fuera de frontera. “Empieza a cobrar fuerza este año la orientación estratégica que le dimos a la vigilancia y a política de incautaciones. Lo que hicimos fue convencernos que lo más importante de la tarea es el sentido común y aplicar políticas de frontera y de vencindad en el tránsito vecinal que son necesarias y hasta recomendables. Lo que tenemos claro que no tenemos que admitir es el ingreso con fines comerciales. El ingreso para consumo familiar está habilitado, cada una de las aduanas y de los administradores conocen mucho más que nosotros el territorio para aplicar esas políticas”, señaló.
A fines del año pasado atraparon a una organización que comercializaba productos ingresados por Salto. Este contrabando era realizado por empresarios de Salto, que contaban con la colaboración de aduaneros, de migraciones y hasta de los funcionarios de la barrera sanitaria. Hubo varios procesados.
En otro momento se aplicaron políticas conocidas como “de cero kilo”, que afectaban a la gente porque se consideró que hubo un abuso en la compra de mercadería fuera de frontera. Según Aduanas, eso no pasa ahora y por eso se permite.
Según las proyecciones, al culminar este 2011 el valor de las incautaciones será similar o incluso superior a las del 2009 y 2010, donde hubo incautaciones por un valor de 4.213.000 dólares y 5.110.000 dólares, respectivamente.
En lo que va de este año, el rubro bijouteria ocupa el primer lugar de la lista y significa un 26% del total de las incautaciones (unos 614.000 dólares). La mercadería viene desde Buenos Aires. Su principal destino es el este país, en particular Punta del Este.
Dónde va la mercadería incautada
El funcionario que se incautó de la mercadería es quien tiene derecho sobre lo incautado, siempre y cuando sea él quien realiza la denuncia, cosa que pasa en casi todos los casos. Si lo incautado vale más de 300 UR (unos 155.000 pesos), va a la Justicia. Si es menos de 300 UR, opera Justicia Aduanera. Luego de ese proceso, si el funcionario quiere paga por la mercadería y se la queda. El precio lo fija Aduanas y la DGI. Si el funcionario no lo quiere, se declara en abandono no infraccional y se remata. Esto sucede con el 90% de lo incautado, según Iribarnegaray.
Lo incautado se remata sobre la base de las dos terceras partes del valor del material en aduanas. Según la ley 18.718, que regula esto, “el producido de la subasta se destinará a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas”.
Los juguetes ocupan un 14% del total de material incautado (unos 330.000 dólares). Y las drogas significan un 13% (unos 292.000 dólares), después viene el rubro vestimenta (11%, unos 244.000 dólares) y videojuegos (el 8%, unos 192.000 dólares).
El crecimiento en las incautaciones de drogas no es casualidad para Aduanas, si no que responde a otro de los cambios impulsados. Este tema se discutió con los 300 funcionarios en la planificación para la gestión. Según dijo Iribarnegaray, ellos son la primera barrera contra el ingreso de droga al país.
En el 2010 casi el 12% de lo incautado fue drogas y este año en el primer semestre llevan un 13% de lo incautado correspondiente a estupefacientes. “La Aduana asumió su compromiso de dar su cuotaparte en esta lucha”, señaló.
