En un informe titulado "Los crímenes de derecho internacional no están sujetos a prescripción", la organización recuerda que en mayo la Suprema Corte de Justicia uruguaya confirmó la sentencia dictada por un tribunal inferior que impuso 25 años de penitenciaría a dos personas responsables del delito de homicidio muy especialmente agravado de 28 ciudadanos uruguayos, desaparecidos en 1976.
Considerar esas desapariciones un delito criminal común, en vez de crímenes contra la humanidad, como solicitaba la fiscalía, significa que están expuestas a prescripción. Así, los delitos cometidos durante la dictadura prescribirían el próximo 1 de noviembre.
"Amnistía Internacional considera que la decisión alcanzada por la Suprema Corte de Justicia, al encuadrar o tipificar los casos de desaparición forzada de personas como homicidio muy especialmente agravado, esto es, como un delito común u ordinario y, por ende, sujeto a prescripción, y no como delito o crimen de derecho internacional y, en consecuencia, imprescriptible, es equivocada y debe ser corregida prontamente por ese mismo Tribunal", reza el informe.
"La conclusión alcanzada por la Suprema Corte sienta un peligroso precedente para todos los casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado en Uruguay", añade.
La organización recuerda en su informe las obligaciones que bajo el derecho internacional pesan sobre Uruguay y cita ejemplos de otros países de la región que han enfrentado el mismo problema.
En un comunicado de la organización, ésta sostiene que "los esfuerzos de Uruguay de llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar han sido inconsistentes y, en momentos, contradictorios".
"Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben asegurarse que ninguna violación a los derechos humanos quede en la impunidad", indicó Hugo Relva, asesor legal de Amnistía, citado en el comunicado.
En febrero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado uruguayo investigar y llevar a la justicia los crímenes de desaparición forzada.
Durante la dictadura uruguaya desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en Argentina, por la colaboración entre ambos regímenes militares en el marco del Plan Cóndor.
