La motivación de esta medida es la conservación de los suelos del país que se ven amenazados por el uso intensivo que parte, sobre todo, del boom agrícola impulsado por la soja. Este es uno de los planes agrícolas prioritarios del gobierno. Según estaba previsto, en abril de este año se comenzaría a exigir la presentación de los planes a productores por encima de 5.000 hectáreas.
En algunos espacios del sector agropecuario llamó la atención este corrimiento para 2013 de este plan prioritario.
El docente de la Facultad de Agronomía en Paysandú, Oswaldo Ernst (que también es presidente de la ISTRO, la Organización Internacional de Labranza de Suelos), dijo a No toquen nada que lo que está en juego es el potencial productivo de los suelos uruguayos en el futuro no lejano. Se habla de 10, 5 y hasta 3 años como horizontes en los que se puede esperar daños de consideración. “Es una señal de que hay problemas para aplicar la propuesta o que hay valoraciones de cómo esto impacta en el área de siembra, que llevó a dilatar su aplicación. Rescato que se ha trabajado y se ha concientizado a la gente sobre las reglas de juego de la agricultura, que no son las que pone cada uno, sino que son reglas generales que tienden a la conservación de un recurso que debe mantenerse a lo largo del tiempo. Cuánto se va a dilatar es lo que va a definir si esto sólo fue una buena idea o es una buena idea que se plasma en la realidad y tiene sus impactos”, expresó.
Este es un momento donde hay un boom agrícola impulsado por la demanda y los altos precios de las materias primas y, por otro lado, la conciencia de la necesidad de una producción sustentable que no agote los suelos. “Hoy las empresas toman un área de siembra y siembran todo lo posible, lo que supone zonas del campo donde no se sostiene producir de esa manera. En la medida en que la reglas definan donde sí y donde no, va a impactar en el área de siembra. Desde mi punto de vista esto no implica que no se va a poder sembrar un millón de hectáreas, pero sí implica que no se va a poder sembrar de la manera que lo están haciendo hoy”, expresó.
Fuentes académicas y empresariales del sector comentaron a No toquen nada que el problema que puede traer este nuevo sistema es la rentabilidad de ciertos proyectos productivos y también la de los propietarios de tierras que arriendan puede caer en lo inmediato.
Mariana Hill, directora de Recursos Naturales Renovables del MGAP, dijo a No toquen nada (Océano FM) que la prolongación de la etapa piloto se debe, entre otras cosas, al retraso en la ejecución de los fondos para crear el sistema informático y desmintió la existencia de presiones por parte de los empresarios. “Encontramos mucho apoyo y trabajamos con las empresas agrícolas que están Uruguay. Todas pretenden tener una actividad económica de largo plazo y están de acuerdo en que eso viene con el cuidado del suelo. Hemos tenido reuniones técnicas con las empresas y nunca recibimos ninguna presión”, afirmó.
De todas maneras, Hill dijo que no hubo presiones pero reconoció que, sobre todo desde los propietarios que arriendan tierras, se le reclamó que la obligatoriedad no fuera sólo para las producciones de determinado tamaño sino para todos. Según explicó, el planteó fue de recibo. “Lo ideal para nosotros sería que de entrada sea para todos. Todavía no tenemos diseñado el instrumento para recibir los planes, pero va a ser a través de la web y un ingeniero acreditado con un código va a ingresar los datos en un formulario. Queremos hacerlo para todos”, señaló.
