Ya son muchas las voces que están reclamando este debate abierto, basado en evidencias y en datos contextualizados, lejos de los titulares sensacionalistas que -por lo general- distorsionan la información y generan “sensaciones térmicas” que no guardan ninguna relación con la realidad en la que vivimos, como acaba de ocurrir con algunos titulares que destacan que Uruguay es el tercer país en consumo de cocaína en América del Sur (según un informe de las Naciones Unidas … basado en datos oficiales de nuestro gobierno) … sin destacar -del mismo modo- que estamos hablando del 1,6 % de la población, que respondió a la encuesta que “consumieron cocaína al menos una vez en el año”.
En su momento (allá por febrero de 2009) la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada -entre otros- por tres ex presidentes (Gaviria de Colombia, Zedillo de México y Cardoso de Brasil) hizo un fuerte y muy bien fundamentado llamado a este debate, proponiendo -concretamente- “reducción de daños, despenalización y descriminalización”, y ahora hemos tenido los pronunciamientos de dos Presidentes en funciones (nada menos que los de Colombia y Guatemala) casi en el mismo sentido. Si el gobierno uruguayo se suma -oficialmente y a través de sus principales autoridades- a este reclamo, seguramente ya no podrá seguir dilatándose este importante debate colectivo.
El documento de la Comisión Latinoamericana (www.drogasydemocracia.org) afirma que “las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados”, agregando que “frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de ‘guerra a las drogas’ aplicada en los últimos treinta años en la región”. El diagnóstico que permite sostener tales afirmaciones (totalmente compartibles, por cierto) es lapidario: América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, y los niveles de consumo continúan expandiéndose en nuestra región (al tiempo que se estabilizan en América del Norte y en Europa). Y lo que es peor: nuestras democracias están siendo afectadas centralmente por el narcotráfico.
Pero la Comisión no se queda aquí. Afirma, además, que “el modelo actual de represión de las drogas está firmemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas”, agregando que “el tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado”, por lo que sostienen que “romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y sus consecuencias, es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas”, asumiendo -lógicamente- que “esto no implica desconocer la necesidad de combatir a los carteles y traficantes”.
Las alternativas son tan simples como relevantes. La Comisión plantea estructurarlas en torno a tres principios básicos: (1) tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública y no de seguridad; (2) reducir el consumo mediante acciones de información y prevención; y (3) focalizar la represión sobre el crimen organizado. Para ello, propone que en América Latina se tomen las siguientes cinco iniciativas, en el marco de un proceso global: (1) transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud; (2) evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal; (3) reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios; (4) focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado; y (5) reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.
Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con estas propuestas. Por razones laborales, viajo constantemente por América Latina, visito regularmente México y Colombia, recorro América Central, visito diversas ciudades brasileñas y peruanas, y las impresiones que recojo (a través de testimonios de los actores directamente involucrados en estos procesos, revisando informes especializados y conversando con parlamentarios y dirigentes sociales de muy diversas orientaciones políticas e ideológicas) me permiten afirmar que si continuamos empecinadamente apostando a “la guerra contra las drogas” (como lo hace el actual Presidente mexicano, aún a la luz de los pésimos resultados obtenidos hasta el momento) la situación en la región se puede tornar absolutamente inmanejable.
Llevo treinta años trabajando en el campo de las políticas públicas de juventud, y me toca lidiar con este fenómeno desde el ángulo de las “víctimas” y los “victimarios”, pues son jóvenes (pobres y excluidos en su mayoría) los que matan y mueren constantemente al servicio de alguna de las mafias que lucran con todo esto, y son jóvenes (mayoritariamente) los que se vinculan al consumo y enfrentan problemas (de salud y de estigmatización social) tremendos y de muy difícil manejo, en esta etapa -precisamente- de la vida. Ahí están los “mapas de la violencia juvenil” para constatar esto en sus dimensiones reales, en términos comparados y en su evolución en el tiempo. Datos …. sobran, sin ninguna duda.
Y aunque el debate público y abierto (como debería ser) se sigue “ninguneando” en todas partes, en “círculos de confianza” y en “charlas informales” de todo tipo, prácticamente todos están de acuerdo con el diagnóstico y con la necesidad de “hacer algo” para cambiar esta terrible situación. Algunos plantean que habría que cambiar, pero que no hay recursos: nada más lejos de la realidad, pues bastaría pasar las cifras siderales de recursos que se vuelcan a las estrategias de “seguridad” a la salud pública, para hacerlo viable. Otros sostienen que no se puede hacer solo (desde un país o un pequeño conjunto de países) lo que es más lógico, pero a la vez es una excelente forma de seguir sin hacer nada. Otros afirman que con la despenalización y la descriminalización, se ampliaría todavía más el consumo, lo cual no está demostrado en ningún país del mundo y en varios, por cierto, se están intentando experiencias en esta línea, con resultados satisfactorios.
Definitivamente, hay que terminar con “la guerra a las drogas” y apostar decididamente a “la reducción de daños”, despenalizando y descriminalizando, lo más pronto posible.
Ernesto Rodríguez es Sociólogo, Director del Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU) y Coordinador del Portal de Juventud de América Latina y el Caribe (www.joveneslac.org y www.youhtlac.org). Es Investigador, Docente y Autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad. Actualmente, trabaja como Asesor de Gobiernos y Consultor de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Unión Europea y de la Organización Iberoamericana de Juventud, en Políticas Públicas de Juventud, Prevención de la Violencia y Desarrollo Social.
Las opiniones vertidas en las columnas son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente posiciones del Portal 180.
