Las partes se plantearon aprobar el proyecto en un plazo máximo de 30 días para que vuelva al Senado como propuesta con modificaciones a lo que ya se había aprobado. En esas condiciones, el Senado no podría volver a tratar el tema en comisión y debería expedirse directamente en Cámara.
El diputado frenteamplista Juan Carlos Souza (CAP-L, Canelones), que participa de las negociaciones, dijo a No toquen nada que sólo queda ajustar detalles menores y que no habrá obstáculos para que el proyecto sea aprobado. “Son temas de afinado en la redacción de algunos términos que no nos convencen por la ambigüedad o por la generalidad del término”, afirmó.
Souza explicó que “hay alguna sugerencia” en el tema de que las instituciones médicas están obligadas a prestar este servicio a sus usuarios. “Nosotros estamos sugiriendo que puede ser a través de la propia institución médica o a través de servicios contratados con terceros”, dijo. Lo que se busca es “salvar una situación de algunas mutualistas que han hecho objeción de este tema”, como el Círculo Católico o el Hospital Evangélico. Estas instituciones deberán facilitar los medios a la mujer a través de un tercero para que se cumpla la ley.
El Frente Amplio había aprobado un proyecto de legalización del aborto en el Senado pero en Diputados las negativas a votar el proyecto de Víctor Semproni, del Espacio 609, y de Andrés Lima, de la Agrupación Humanista Hermano Aguerre de Salto, le quitaron la posibilidad de aprobar el proyecto tal como venía de la cámara alta.
Con el nuevo proyecto, que ya no es de legalización, pero sí de despenalización del aborto, Semproni votará a favor y Posada, del Partido Independiente, aportará el voto que falta para alcanzar la mayoría absoluta de 50 manos levantadas.
El diputado Souza explicó a No toquen nada cuáles son las diferencias entre el proyecto original y el que será enviado nuevamente al Senado: “En el proyecto aprobado en el Senado se conformaba un grupo interdisciplinario pero más que nada para la tarea de apoyo, sustento, de orientación, para prevenir futuros embarazos y todo ese tipo de cosas”. En cambio, en este proyecto, el médico tratante debe convocar inmediatamente a ese equipo interdisciplinario para que la mujer plantee su voluntad o su intención de interrumpir el embarazo y que allí sea asesorada en lo psicológico social y médico.
Souza contó que el médico tiene que convocar al equipo multidisciplinario “a más tardar al día siguiente” para que la mujer plantee su situación y recibirá asesoramiento “en el más amplio espectro de todas las políticas desde el punto de vista social”. Después la mujer tiene un plazo de cinco días “de reflexión” y si decide abortar, “inmediatamente se tiene que establecer el procedimiento”.
Nadie podrá prohibirle a la mujer realizarse un aborto: la ley establece expresamente que la comisión tiene un rol meramente asesor. El diputado Posada entiende que es fundamental la etapa de reflexión de la mujer.
El límite para la interrupción del embarazo, al igual que el proyecto anterior, son las 12 semanas de gestación. Las únicas excepciones a este caso son si hay riesgo de vida de la mujer o inviabilidad de la vida extrauterina del feto y los embarazos a causa de una violación.
