Pereira dijo que los cuatro proyectos de ley enviados al Parlamento son parte de una visión integral y que todas esas medidas intentan resolver problemas de convivencia y de seguridad. Sobre el proyecto de ley sobre internación compulsiva en particular, el diputado especificó que apunta a atender la situación de personas en situación de adicción compleja y que significan un peligro para ellas y para los demás.
“Apunta a no seguir adoptando la visión del avestruz, de meter la cabeza en la tierra y que esa realidad siga avanzando sin tomar decisiones”, afirmó.
El proyecto de ley establece que “el que fuere encontrado en la vía pública o espacios públicos no habitados, en circunstancias que hagan presumir que se halla consumiendo sustancias estupefacientes, o que acaba de hacerlo o portándolas para su uso personal, siempre que tal circunstancia resulte un peligro para sí o para terceros, podrá ser conducido en forma inmediata al Centro Asistencial que el Poder Ejecutivo disponga a tales efectos”.
Al ser consultado por No toquen nada sobre cómo en los casos detallados por este artículo pueden detectarse personas con una “adicción compleja”, el diputado explicó que en un período de hasta 24 horas luego de la internación debe realizarse un informe técnico que determine si eso se da. Pero la primera internación se realizaría a partir de la sospecha de que exista un contacto con estupefacientes que implique un peligro para la persona o para los demás.
Respecto a los criterios que se aplicarían para esa internación, Pereira mencionó como ejemplo situaciones de personas “que estén alterando o generando situaciones que determinen” un peligro para ellos o para la sociedad. Consultado por los casos en que no haya situaciones evidentes de alteración o peligro para los demás, Pereira respondió que el artículo, en su discusión en el Parlamento, podrá modificarse e incluir elementos que otorguen más garantías y que aclaren cómo se concretarían esos procesos de internación compulsiva. Todas las medidas son parte de una visión integral y, como toda medida, pueden ser discutibles, consideró.
De todas maneras, dijo que las leyes nunca determinan pasos específicos, sino un marco. “En definitiva se trata de crear un proceso que sea garantista pero a su vez también que eso no signifique un vale todo, sino que implique no obviar la realidad que tenemos”, resumió.
“Pueden ser discutibles todas estas propuestas desde el punto de vista de la concepción de lo que estamos discutiendo. Lo importante es que estamos discutiendo un paquete que apunta a medidas que son represivas, y no tenemos que tenerle miedo a hablar de represión cuando se hace necesario”, señaló.
Respecto a los integrantes del Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (Savce) que, según indica el poyecto de ley, determinarán si una persona es peligrosa (para terceros o para sí misma), dijo que policías, psicólogos y asistentes sociales son algunos de los profesionales que integrarían los equipos, y que la instrumentación de la ley va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio del Interior.
Pereira señaló que el proyecto de ley no fue producto de una “acción irresponsable o no planificada”, sino que se trabajó en forma sistemática para elaborar a propuesta, con asesoramiento técnico y científico.
